Bogotá, D.C. septiembre de 2025. News Press Service. Tras el pronunciamiento del presidente de la República, Gustavo Petro en sus redes sociales respecto de presuntos actos de corrupción que amenazan la transparencia e integridad del concurso de méritos para el acceso a la carrera notarial, el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre y el superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez le pidieron a los organismos de control iniciar acciones que permitan el total esclarecimiento de las posibles irregularidades.
En oficios remitidos a la fiscal general, Luz Adriana Camargo y al procurador general, Gregorio Eljach, el líder del sector Justicia y el jefe de la entidad encargada de la vigilancia y control del servicio público notarial, manifestaron su más profunda preocupación y absoluto rechazo a cualquier conducta que pueda atentar contra los principios de moralidad, transparencia y mérito que deben regir el acceso a la función pública y, de manera especial, a la delicada función notarial que es depositaria de la fe pública.
“Las afirmaciones del señor Presidente, que sugieren la existencia de actuaciones destinadas a la venta de cupos para notarías con la posible implicación de funcionarios adscritos a nuestras entidades, constituyen un hecho de la máxima gravedad que exige una acción inmediata y coordinada del Estado para su total esclarecimiento», señalan las respectivas cartas emitidas El Ministro y el Superintendente de Notariado y Registro solicitan al Procurador el inicio de las actuaciones de carácter disciplinario para indagar sobre estas denuncias y asumir el poder preferente de las mismas. Sin embargo, la naturaleza de los hechos descritos, que podrían configurar delitos contra la administración pública, hace imperativa la intervención de la Fiscalía, según el criterio de los funcionarios.
Por otro lado, acuden al principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público y al deber legal de denunciar los posibles delitos de los que tengan conocimiento para solicitar a la Fiscalía asumir de manera prioritaria la investigación penal correspondiente para verificar la veracidad de los hechos denunciados públicamente por el Jefe de Estado.
Igualmente piden a la jefe del ente acusador, adelantar todas las actuaciones investigativas pertinentes para identificar, individualizar y judicializar a todos los posibles autores y partícipes de estos presuntos actos de corrupción, ya sean funcionarios públicos o particulares.
El Ministro y el Superintendente reafirmaron su compromiso con la transparencia y la legalidad y pusieron a disposición de los entes de control toda la capacidad institucional de las entidades que lideran para colaborar de manera decidida y expedita con las investigaciones que decidan iniciar.
