Bogotá, septiembre de 2025. News Press Service. El concejal étnico Óscar Bastidas Jacanamijoy hace un llamado urgente a la opinión pública y a la Administración Distrital frente a la grave situación que se vive en la localidad de Sumapaz, donde el campesinado se ha declarado en Asamblea Permanente como medida para obtener soluciones inmediatas a una crisis estructural.
Las comunidades de Sumapaz, en pleno ejercicio de su derecho constitucional a la protesta, se encuentran en la vereda Santa Rosa denunciando el abandono estatal y distrital, exigiendo atención a problemáticas críticas que afectan su cotidianidad: el deterioro de la infraestructura vial, la falta de acceso oportuno a salud y educación, los elevados costos del impuesto predial y el avalúo catastral, así como las restricciones de uso del suelo que frenan la productividad campesina.
La Troncal Bolivariana se encuentra en un acelerado y permanente deterioro por la ausencia de intervención del IDU, lo que ha dejado toda la carga de mantenimiento en el FDL, sin equipos, ni materiales suficientes para atender la calzada.
A ello se suma la parálisis de los contratos de regalías para las vías terciarias, que apenas alcanzan un 30% de ejecución, mientras se pretende adicionar más de la mitad del presupuesto inicial, dejando a las comunidades en condiciones peores a las que tenían, incomunicadas y aisladas de las vías principales.
Esta crisis se agrava con la falta de garantía en derechos básicos como salud en donde las Unidades de Servicios de Nazareth y San Juan carecen de especialidades médicas y medicamentos esenciales; la educación, la continuidad del programa PEAMA de la Universidad Nacional está en riesgo, lo que compromete el acceso de los jóvenes campesinos a la educación superior, mientras que en los colegios se excluye a las familias de los procesos formativos al no garantizar transporte para quienes deben asistir a las sedes principales.
A este panorama se suma la carga tributaria que resulta impagable para la mayoría de familias campesinas, debido a los altos valores del avalúo catastral y el impuesto predial, medidas que desconocen la realidad económica de la localidad y que, sumadas a las restricciones sobre el uso del suelo, afectan directamente la producción agropecuaria y la sostenibilidad de la vida campesina.
Todo ello refleja una política capitalina que desconoce los derechos constitucionales del campesinado como sujetos de especial protección, así como su condición de sujetos de reparación colectiva reconocida por la Nación, y pasa por alto los planes de vida y manejo ambiental formulados de manera autónoma por las comunidades.
Peticiones de la comunidad
Ante esta grave situación, las comunidades movilizadas exigen:
La declaratoria de emergencia vial en Sumapaz, con intervención inmediata de la Troncal Bolivariana y las vías terciarias.
Investigación y control de los contratos de malla vial financiados con regalías.
Fortalecimiento de la red de salud en la localidad, con medicamentos, ambulancias y enfoque territorial.
Garantizar la continuidad del programa PEAMA en Sumapaz como política pública estable.
Revisión técnica y justa del impuesto predial y del avalúo catastral.
Reconocimiento de los planes de vida y manejo ambiental formulados por las comunidades, incorporándolos en toda política pública.
Activación de los centros de conectividad campesina y la creación de un fondo de prevención y atención de emergencias climáticas.
El concejal Óscar Bastidas Jacanamijoy advierte que la protesta actual es resultado de la falta de respuesta a múltiples oficios y derechos de petición radicados hace más de un mes.
Por ello, solicita interlocución directa con la Alcaldía Mayor de Bogotá y las entidades competentes, a fin de garantizar soluciones inmediatas y estructurales que dignifiquen la vida campesina en Sumapaz.
