Bogotá, octubre de 2025. News Press Service. Coca Cola se pronunció sobre la polémica que ha girado en torno a la concesión del agua que tiene INDEGA (filial de la multinacional) en La Calera desde 1984, y que se ha renovado cada 10 años, así como sobre la petición de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, de evaluar con rigor la prórroga.
La empresa enfatizó que la captación que hace del manantial de la vereda Santa Helena “no afecta, de ninguna manera, el suministro de agua de La Calera”.
La compañía que opera la embotelladora Manantial en La Calera también aseveró que “las autoridades competentes han confirmado que la concesión de la Planta Manantial no tiene relación con el suministro de agua de Bogotá. El abastecimiento de la capital depende exclusivamente de su sistema de acueducto”.
De otro lado, la empresa se pronunció sobre la denuncia de Daniel Coronell, que hizo de la mano de la representante María del Mar Pizarro, señalando que cubrieron con cemento los manantiales.
A ello afirmó que “las cajas de mampostería cumplen con las especificaciones autorizadas por la autoridad, dentro del sistema de captación, y su objetivo es proteger la fuente hídrica”.
A ello, Coca Cola agregó que “las imágenes difundidas recientemente no reflejan el estado actual de la infraestructura. Así mismo, se debe señalar que la compañía únicamente capta el caudal autorizado”.
Hay que recordar que la empresa hizo una solicitud de prórroga presentada oportunamente, en los plazos previstos por la ley y que la planta puede seguir operando bajo las mismas condiciones y controles mientras la autoridad resuelve.
“Nuestro compromiso es claro y medible: eficiencia hídrica en planta, monitoreo y reportes permanentes a la autoridad y acciones de conservación y restauración con aliados y comunidades que adelanta el Sistema Coca-Cola bajo su política de sostenibilidad.
A través de iniciativas como Agua por el Futuro, contribuimos a la reforestación, restauración de cuencas y protección de bosques en más de 1.500 hectáreas de La Calera y municipios cercanos”, señaló Coca Cola en un comunicado.
Entre tanto, de acuerdo con la información de las autoridades, existen aproximadamente 385 concesiones de agua en La Calera para diversos usos, incluido el industrial, el paisajismo y otras actividades.
Teniendo esto presente, la concesión otorgada a INDEGA S.A.S. representa el 0.31% del volumen entre todas las concesiones mencionadas.
Recordemos que la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para garantizar la transparencia y el estricto cumplimiento de la normativa en el trámite de concesión de agua solicitado por la empresa Coca-Cola en La Calera, un tema que ha generado gran preocupación ciudadana y un riguroso ejercicio de veeduría comunitaria.
De hecho, el pasado viernes 3 de octubre, el Ministerio solicitó la instalación de una mesa técnica y una sesión extraordinaria, urgente y transparente del Consejo Directivo de la CAR, en la que se informe: el estado actual del trámite de prórroga; si se ha considerado iniciar un nuevo proceso de concesión en lugar de prolongar un permiso vigente desde hace más de cuatro décadas; cómo fueron incorporadas las observaciones de la audiencia pública; y qué estudios técnicos y jurídicos respaldan la decisión.
ALCALDE DE LA CALERA
El alcalde de La Calera (Cundinamarca), Juan Carlos Hernández, respondió a las denuncias de presuntas irregularidades detectadas por la representante a la Cámara por Bogotá, María José Pizarro, en la concesión del agua del municipio a Coca-Cola.
Según reveló El Reporte Coronell en La W, el informe elaborado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) reveló que, desde el año en que comenzó la concesión (1983), la cantidad de agua ha disminuido debido a la sobreexplotación generada por esta empresa.
Esta concesión, según la denuncia conocida por este medio, ha provocado desabastecimiento en el municipio.
Además, la compañía cubrió los manantiales de agua con concreto y sus informes de consumo tendrían irregularidades. No obstante, a pesar de esta información, la CAR estudia renovar la concesión.
PLANTON
En medio de un plantón ciudadano realizado frente a la sede de la CAR Cundinamarca, comunidades locales, ambientalistas, veedurías ciudadanas y el concejal de Bogotá José Cuesta Novoa exigieron que no se renueve la concesión de agua a la empresa INDEGA S.A. (Coca-Cola) en la vereda San Lorenzo, municipio de La Calera.
La jornada, convocada bajo el lema “Agua para la Vida, No para Coca-Cola”, reunió a decenas de ciudadanos que alzaron su voz en defensa del agua como bien común y derecho colectivo.
Desde el 7 de octubre, el concejal Cuesta había solicitado una cita con el director de la entidad, Alfred Ballesteros, con el propósito de entregar personalmente las inquietudes ciudadanas sobre el proceso de concesión.
Sin embargo, lamentó que no solo no fuera atendido, sino que además se negara la posibilidad de atención ciudadana por parte de otro directivo, lo que —según el concejal— evidencia una preocupante falta de apertura institucional frente a las demandas de la comunidad.
Contrasta esta actitud con la de la Procuraduría General de la Nación, que sí respondió de manera positiva a la solicitud presentada por el concejal y las veedurías ciudadanas.
El pasado 23 de septiembre de 2025, Cuesta radicó formalmente ante la Procuraduría un oficio en el que solicitó verificar si la empresa continúa extrayendo agua sin contar con un contrato vigente, si la CAR está ejerciendo la debida fiscalización y si existían posibles omisiones o responsabilidades disciplinarias.
En respuesta, la Procuraduría informó que asumirá control preventivo sobre el proceso, con el fin de garantizar que se adelante con transparencia, rigor técnico, participación ciudadana y estricto cumplimiento del marco normativo, protegiendo así el recurso hídrico y los derechos de las comunidades locales.
“Este es un logro de la ciudadanía y de la acción vigilante de los líderes sociales. El agua es un bien común, no una mercancía, y su uso debe responder al interés colectivo y no a intereses corporativos”, afirmó el concejal José Cuesta Novoa durante el plantón.
