En el marco de Colombia Progresa 2630, el Consejo Privado de Competitividad identificó que las altas barreras regulatorias y de formalización limitan la productividad y competitividad de las empresas en Colombia.
La renovación anual del registro mercantil es una carga que no tiene asidero conceptual.
La implementación del Decreto 045 de 2024, que introduce el concepto de “activos ordinarios” como base tarifaria, ha generado inseguridad jurídica y mayores cargas administrativas para las empresas.
Se podría abrir el espacio de que las cámaras tengan tarifas diferenciales que se vean sustentadas en su oferta de servicios, manteniendo el tarifario actual como límite superior de éstas.
Bogotá, noviembre de 2025. News Press Service. En el marco del proyecto Colombia Progresa 2630, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) desarrolló el eje estratégico de Desarrollo Empresarial, un componente esencial para fortalecer la productividad, innovación y competitividad del país.
Este eje busca identificar las principales barreras regulatorias e institucionales que afectan el crecimiento y la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), con el objetivo de promover un entorno más favorable para la creación y consolidación de negocios formales.
En este contexto, se analizan los retos derivados de la dispersión normativa, algunas características del registro mercantil y la rigidez del marco regulatorio vigente.
El ecosistema empresarial colombiano enfrenta un entorno caracterizado por altas barreras de entrada a la formalización y una estructura normativa fragmentada, lo que limita la capacidad de las empresas para crecer.
De alguna manera hemos mezclado el debate del mérito del tejido de cámaras de comercio con el de las características del registro mercantil. Su renovación anual, por ejemplo, sin que haya eventos materiales que reportar, es un elemento que se podría revisar.
De hecho, el Índice de Micronegocios y Emprendimiento (IMIE) muestra que el porcentaje de micronegocios informales frente a la renovación de registro mercantil aumentó a 88,4%, lo que evidencia un retroceso en los avances hacia la formalización.
Esta situación se ha visto agravada por la expedición del Decreto 045 de 2024, vigente desde 2025, que modificó las tarifas del registro mercantil al introducir un nuevo esquema de cobro basado en los llamados “activos ordinarios”, un concepto no definido en las Normas de Información Financiera del país.
La aplicación de esta medida genera inseguridad jurídica y mayores cargas administrativas para las MiPymes, que en promedio deberán pagar más por la renovación de su matrícula mercantil.
En conjunto, estos factores refuerzan la existencia de un entorno poco propicio para el emprendimiento formal y reducen los incentivos para la creación de nuevas empresas. A lo anterior también se suma una dispersión normativa en materia de emprendimiento y formalización, derivada de la coexistencia de diversas leyes y decretos, lo que genera duplicidad de esfuerzos, falta de coherencia institucional y dificultades de coordinación entre las entidades competentes.
Frente a este panorama, se presentan una serie de propuestas orientadas a reducir las rigideces regulatorias y mejorar el entorno empresarial. En primer lugar, se sugiere clarificar la base de cálculo de las tarifas del registro mercantil con el propósito de otorgar certeza jurídica y simplificar los procedimientos contables.
Asimismo, se plantea la creación de un techo tarifario que permita que las cámaras tengan tarifas diferenciales según su oferta de servicios.
Finalmente, se propone simplificar y unificar el marco normativo relacionado con el emprendimiento y la formalización, consolidando las distintas disposiciones existentes en un cuerpo jurídico único, coherente y fácil de aplicar.
Esta iniciativa, junto con otras propuestas, será presentada en la Asamblea General de ANIF el próximo jueves 06 de noviembre, como parte de la hoja de ruta de Colombia Progresa 2630 que sirvan como guía para dinamizar la economía, eliminando barreras y fricciones.
ANIF
