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Banco Mundial
Desde Ciudad de México hasta Santo Domingo y Buenos Aires, una nueva realidad climática está tomando forma. Las temperaturas promedio en las ciudades de América Latina y el Caribe han aumentado hasta 1,5 °C desde 1950; los días calurosos se multiplican y las olas de calor récord son mucho más frecuentes que hace apenas unas décadas.
Esto no es solo un tema de comodidad: es una cuestión de salud, bienestar y supervivencia.
El informe del Banco Mundial Inhabitables – Enfrentando el calor urbano extremo en América Latina y el Caribe revela que el aumento de las temperaturas ya está transformando el funcionamiento de las ciudades, amenazando vidas, sobrecargando la infraestructura y poniendo en riesgo las economías.
También presenta un conjunto de soluciones que pueden proteger a las personas y fomentar ciudades más seguras y habitables.
El calor mata.
Puede atacar de manera repentina —a través de un golpe de calor o accidentes—, pero con mayor frecuencia su daño es silencioso: afecta el corazón, los pulmones, los riñones y otros órganos, acorta la esperanza de vida y acelera la muerte entre quienes ya son vulnerables.
Las ciudades están en el epicentro de esta crisis. América Latina y el Caribe es una de las regiones más urbanizadas del mundo, con más del 80 % de la población viviendo en sus ciudades.
Los barrios densos retienen el calor, el concreto y el asfalto reemplazan los espacios verdes, y las viviendas inadecuadas dejan a millones de personas expuestas a temperaturas interiores peligrosas. Los hogares más pobres suelen ser los más afectados.
La infraestructura urbana también está bajo presión. Las redes eléctricas fallan por la alta demanda de refrigeración, el transporte público se sobrecalienta y las escuelas se ven obligadas a reducir horarios o cerrar durante los picos de calor. Estas fallas conllevan costos económicos significativos, ya que el calor extremo reduce la productividad y erosiona el capital humano. Sin acción urgente, las pérdidas del PIB urbano podrían superar el 5 % entre 2040 y 2050.
Soluciones que protegen a las personas y los empleos
Los impactos son graves, pero existen soluciones.
Los edificios pueden hacerse más habitables con técnicas de enfriamiento pasivo, mientras que las inversiones en transporte público, sistemas energéticos y vivienda pueden prevenir interrupciones en los servicios y proteger vidas.
Sin embargo, la resiliencia al calor no se trata solo de infraestructura, sino también de proteger a las personas y sus medios de vida.
Hasta el 70 % de los trabajadores en América Latina y el Caribe están expuestos al calor extremo, especialmente en la construcción, la agricultura y los empleos urbanos informales.
Protegerlos requiere regulaciones adecuadas de salud y seguridad ocupacional, sistemas de protección social adaptativos que respondan a la pérdida de ingresos durante las olas de calor, y sistemas de alerta temprana basados en impactos que prioricen la seguridad laboral.
Las inversiones en resiliencia también pueden convertirse en motores de creación de empleo. La iniciativa de Medellín “Corredores Verdes” demuestra cómo los proyectos de enfriamiento pueden vincular la acción climática con el empleo.
Al capacitar y emplear a residentes vulnerables en jardinería y mantenimiento de ecosistemas, la ciudad redujo el calor mientras generaba nuevos medios de vida formales.
Incluir la capacitación, certificación y requisitos de contratación en el diseño de los proyectos garantiza que estas oportunidades se traduzcan en empleos sostenibles, no solo en actividades temporales.
Construir ciudades resilientes, equitativas e inclusivas
Pero para ser eficaces, las soluciones deben integrarse en las estrategias y presupuestos urbanos, considerando el empleo y los medios de vida junto con las medidas de enfriamiento.
Al integrar la adaptación climática con la generación de empleo, la seguridad ocupacional y la protección social, las ciudades pueden multiplicar los beneficios de cada dólar invertido.
El calor urbano extremo no es una amenaza futura: ya está aquí. Actuar ahora puede proteger vidas, salvaguardar trabajadores, ampliar oportunidades y construir un futuro más resiliente e inclusivo.
