Andrés Idárraga, titular de la cartera de Justicia, y su par de Interior, Armando Benedetti, radicaron un proyecto de ley para combatir el tráfico, fabricación, desvío o porte ilegal de esta sustancia.
Ambos hicieron énfasis en la salud pública y manifestaron que lo que se quiere es mostrarle al mundo que Colombia maneja una política de cero tolerancia frente al desvío de fentanilo desde el sector salud.
Al tiempo, reafirmaron el compromiso del presidente Gustavo Petro con la protección de entornos educativos, hospitalarios y poblaciones vulnerables.
Bogotá D.C., diciembre de 2025. News Press Service. Los ministros de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga Franco, y del Interior, Armando Benedetti Villaneda, radicaron este martes ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de ley con el que el Gobierno del Cambio, apoyado en razones de salud pública y seguridad ciudadana, busca tipificar como delito autónomo el tráfico, fabricación, desvío o porte ilegal de fentanilo, con el fin de garantizar su investigación, judicialización y sanción efectiva.
La norma también pretende fortalecer las acciones de prevención, control, vigilancia sanitaria y sensibilización frente a los riesgos asociados al uso indebido de estas sustancias, en el marco de una política integral de protección de “Este proyecto de ley es un mensaje para la comunidad nacional e internacional, a propósito de una medida preventiva que estamos aplicando y que esperamos, tenga eco en el Congreso de la República para impedir que Colombia se convierta en un lugar de transporte o fabricación de una sustancia que mucho daño hace a la salud pública», afirmó el titular de la cartera de Justicia, Andrés Idárraga, quien también invitó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a mirar de cerca cómo el país está luchando contra las drogas para que el fentanilo no afecte la salud pública norteamericana.
“Colombia está lejos de cualquier país al que pueda referirse el presidente Trump en el tema de las drogas. Aquí tenemos una democracia profunda y unas instituciones fuertes», aseguró.
En lo referente al tráfico, fabricación o porte ilegal de fentanilo, la iniciativa plantea modificar artículos de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano), estableciendo penas de entre 11 y 30 años de prisión, y multas que van desde los 2.164 hasta los 81.000 millones de pesos.
Así mismo, establece circunstancias que agravan la pena, pues la aumenta entre una tercera parte y la mitad cuando el delito involucre a menores de edad, exista participación o facilitación por parte de servidores públicos, contratistas o particulares con funciones públicas, o cuando se presente desvío desde IPS, farmacias o laboratorios.
Otro agravante son las conductas que se cometan a través de redes organizadas o transnacionales, dentro de instituciones educativas u hospitales, cuando se adultere con otras drogas o cuando se financien grupos armados organizados o estructuras criminales. Además, plantea penas altas para profesionales de la salud que formulen, suministren o apliquen fentanilo de manera ilegal o contraria a la normativa sanitaria vigente.
“Este es un proyecto de ley preventivo, pues con él buscamos evitar que se vengan para Colombia los laboratorios de fentanilo que hay en México. Por ello los precursores y todo lo que tiene que ver con su transporte, uso, exportación y distribución, va a ser penalizado», indicó por su parte Armando Benedetti, ministro del Interior, quien recordó que el país está destruyendo cada 40 minutos un laboratorio de producción de droga y ha incautado el mayor número de toneladas en la historia.
En cuanto a beneficios y subrogados penales, el proyecto de ley endurece la exclusión de beneficios como sustitución de la pena o libertad condicional para delitos relacionados con fentanilo, con el fin de fortalecer su capacidad disuasiva. Aunque mantiene excepciones limitadas, como la colaboración eficaz o condiciones especiales para mujeres cabeza de familia.
Durante la radicación de la iniciativa, el ministro Idárraga hizo énfasis en que la misma incluye medidas preventivas en clave de salud pública con el fin de dar a conocer a la población los efectos del consumo de fentanilo, e indicó que se seguirá haciendo pedagogía sobre las consecuencias que trae el tráfico o porte de esta sustancia.
Con este proyecto, el Gobierno del Cambio reafirma su política de cero tolerancia frente al desvío de fentanilo desde el sector salud, y su compromiso con la protección de entornos educativos, hospitalarios y poblaciones vulnerables.
