Colombia enfrenta un deterioro crítico en su seguridad energética, marcado por la pérdida de autosuficiencia en gas y un nivel de reservas probadas que en 2024 cayó a 5,9 años, mínimo en dos décadas.
El panorama se complica por la insolvencia de Canacol Energy, segundo productor de gas del país y responsable del 10,2% de la oferta nacional, cuya situación financiera aumenta la presión sobre la producción doméstica y eleva el riesgo de mayor dependencia del gas importado.
Las recientes resoluciones de la CREG envían una señal regulatoria favorable, al flexibilizar la contratación de gas importado, habilitar nuevos eventos eximentes en la contratación y facilitar el uso de la infraestructura de transporte.
El país debe avanzar en una estrategia integral para garantizar un suministro confiable, competitivo y sostenible en los próximos años.
Bogotá, diciembre de 2025. News Press Service. Durante las últimas semanas, el sector gasífero en Colombia ha concentrado la atención pública debido a una serie de hechos que, en conjunto, revelan un panorama complejo para la seguridad energética del país.
La pérdida de autosuficiencia en gas, la crisis financiera de uno de los actores privados más relevantes, y los ajustes regulatorios recientes introducidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas ponen de manifiesto la urgencia de una estrategia integral que asegure el suministro presente y futuro.
Estos elementos convergen en un mismo mensaje: garantizar el abastecimiento de gas natural se ha convertido en una prioridad ineludible para el país.
En primer lugar, Colombia enfrenta un problema estructural de oferta de gas. El país dejó de ser autosuficiente y hoy debe recurrir a importaciones para garantizar la continuidad del suministro.
Esto se refleja claramente en la evolución de las reservas probadas: en 2024 se estimó que eran de 5,9 años, el nivel más bajo en dos décadas.
La combinación de una demanda creciente, proyectos de exploración demorados y declinación en campos tradicionales ha acentuado esta vulnerabilidad.
Proyecciones para 2028 indican que, con la expansión actual, la energía en firme disponible no será suficiente para atender los requerimientos del sistema, lo que subraya la urgencia de desarrollar nuevas fuentes de abastecimiento, tanto locales como externas.
A este panorama se suma la situación de Canacol Energy, segundo productor de gas del país después de Ecopetrol y responsable del 10,2 % de la producción nacional.
La compañía atraviesa un proceso de insolvencia y falta de liquidez que la llevó a acogerse a mecanismos de protección de acreedores en Canadá y a solicitar su reconocimiento en Colombia.
Su crisis genera preocupación no solo por su peso en el mercado, sino porque coincide con un período en el que la producción nacional ya enfrenta presiones significativas. Cualquier afectación en la operación de Canacol tendría repercusiones directas sobre la oferta doméstica, profundizando la dependencia de gas importado y elevando los riesgos sobre la estabilidad del sistema energético.
En este contexto, las recientes resoluciones de la CREG1 representan una señal positiva para el sector.
A través de nuevos ajustes normativos, la Comisión busca facilitar e incentivar la importación de gas, flexibilizando la contratación de suministro y de capacidad de transporte y reduciendo barreras que históricamente habían limitado la entrada de moléculas importadas.
Entre los cambios más relevantes, se incluye la posibilidad de pactar nuevos eventos eximentes en los contratos de importación y la habilitación de mecanismos más ágiles para el mercado de transporte.
Esta regulación envía un mensaje claro: ante la estrechez de oferta, es necesario contar con instrumentos que permitan complementar la producción local de manera eficiente y oportuna.
En conclusión, Colombia transita un momento decisivo en materia de seguridad energética.
La pérdida de autosuficiencia en gas, las tensiones generadas por la situación de Canacol y la respuesta regulatoria de la CREG muestran que el país debe avanzar simultáneamente en tres frentes: aumentar la producción doméstica, asegurar mecanismos estables de importación y fortalecer la regulación para reducir vulnerabilidades.
Solo así se podrá garantizar un suministro confiable, competitivo y sostenible en los próximos años.
ANIF
