Bogotá D.C., enero de 2026. News Press Service. El Ministerio de Justicia y del Derecho lideró un operativo sorpresa de alcance nacional para golpear las estructuras criminales que operan desde los establecimientos penitenciarios del país, en una ofensiva sin precedentes contra la extorsión, el uso ilegal de comunicaciones y las redes delictivas que delinquen desde prisión.
La acción hace parte de la estrategia integral del Gobierno nacional para recuperar el control del sistema penitenciario, frenar la criminalidad intramural y proteger a la ciudadanía frente a delitos ordenados desde los centros de reclusión.
Resultados contundentes contra el crimen en las cárceles Desde 2023 y hasta la fecha, en el marco de la Operación Dominó, la cartera que hoy lidera Andrés Idárraga Franco ha coordinado más de 2.600 operativos a nivel nacional, con resultados contundentes: 15.600 celulares incautados. – 56.900 accesorios decomisados. – 10.600 equipos bloqueados, en aplicación del Decreto 851 de 2024. – 35.000 números telefónicos reportados a operadores móviles.
Durante 2025, de manera adicional a esta operación, se han ejecutado más de 21.500 operativos en todo el país, que permitieron la incautación de 34.800 teléfonos celulares y 33.200 tarjetas SIM.
Estas acciones han estado acompañadas por el fortalecimiento tecnológico del sistema penitenciario, con la instalación de 16 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) con sistemas de bloqueo de señal, así como un plan de inversión escalonado para reactivar y ampliar la cobertura de inhibidores en cárceles de alta seguridad del país.
Control, vigilancia y acción interinstitucional La ofensiva es desarrollada de manera articulada con la Fuerza Pública y entidades del Estado. Solo en 2025 se realizaron: – 25.625 revistas de seguridad en establecimientos penitenciarios – 120.771 verificaciones de antecedentes – 559 consejos de seguridad interinstitucionales.
Estas acciones buscan desmantelar las redes criminales que continúan operando desde prisión y cortar los vínculos entre estructuras intramurales y organizaciones externas Protección a funcionarios y lucha frontal contra la corrupción
Como parte de esta política integral, el Ministerio de Justicia ha reforzado la protección del personal penitenciario, con 29 esquemas de seguridad activos y un seguimiento permanente a las amenazas registradas contra funcionarios.
Entre 2023 y 2026 se han documentado 1.135 amenazas, lo que ha llevado al fortalecimiento de las medidas de autoprotección y reacción institucional. Adicionalmente, se adelanta una ofensiva interna contra la corrupción, con resultados concretos en 2025: – 1.150 procesos disciplinarios – – 404 investigaciones por corrupción 607 sanciones, de las cuales 79 corresponden a hechos de corrupción. Inversión histórica en seguridad y talento humano
El Ministerio de Justicia, a través de la USPEC, ejecutó una inversión superior a 16 mil millones de pesos en dotación de seguridad, incluyendo armas, chalecos antibalas, equipos antimotines y elementos de protección personal.
La cartera de Justicia reiteró que no permitirá que las cárceles sigan siendo centros de operación del crimen organizado, y continuará liderando acciones firmes, coordinadas y sostenidas para recuperar el control del sistema penitenciario, proteger a los funcionarios, combatir la corrupción y garantizar que quienes están privados de la libertad no sigan delinquiendo desde prisión
Esta ofensiva hace parte del compromiso del Gobierno nacional con la seguridad ciudadana, la legalidad y la justicia efectiva, dentro y fuera de los muros carcelarios.
