El concejal Julián Forero denunció graves irregularidades en la instalación de señalización vial en Bogotá, una situación que hoy no solo agrava los trancones, sino que está afectando directamente a comunidades, comercios y poblaciones vulnerables.
Bogotá, abril de 2026. News Press Service. En medio del debate “Bogotá colapsada y el recaudo disparado”, el cabildante presentó evidencias de cómo la señalización mal implementada se ha convertido en un nuevo foco de caos en la ciudad.
Localidades como Kennedy, Engativá, Usaquén, Teusaquillo y Barrios Unidos, entre otras, reportan:
Taches, tachones, y bolardos instalados sin sentido ni criterio técnico.
Maletines de obra mal ubicados.
Materas atravesadas en plena vía generando accidentes.
Cierres de bahías sin justificación.
Cambios de sentido vial sin socialización.
Reducción de carriles en zonas residenciales.
El resultado: más congestión, mayor riesgo vial y afectaciones directas a la vida diaria de los ciudadanos.
¿Quién está detrás de este desorden?
El concejal expuso que la Secretaría de Movilidad adjudicó un contrato de señalización por $131.000 millones, dividido en siete zonas, cada una operada por un contratista a quienes les adjudicaron aproximadamente $18.700 millones.
A esto se suma un contrato de interventoría por $37.800 millones, lo que eleva el costo total a $168.800 millones de pesos para un proceso que hoy está siendo seriamente cuestionado.
Las cifras ya reflejan el malestar ciudadano: solo en 2025, la Secretaría de Movilidad ha recibido 7.038 PQRSD relacionadas con la señalización instalada.
Improvisación que termina afectando a la gente
A las fallas técnicas se suma la falta de socialización con las comunidades, lo que ha generado protestas, confusión vial y aumento de la siniestralidad.
“No solo imponen señalización que empeora la movilidad en los barrios, sino que no le informan a la gente. Hemos recibido denuncias donde cambian sentidos de vías y posteriormente se adelantan operativos en via, afectando a conductores que no tuvieron claridad sobre los cambios. Esto termina perjudicando directamente a los ciudadanos”, señaló el concejal.
Alerta por posible despilfarro de recursos
El cabildante solicitó a los entes de control una revisión exhaustiva del contrato, no solo por la mala ejecución y sus impactos en la movilidad, sino por posibles inconsistencias en los precios unitarios de la señalización según las zonas, lo que podría estar generando un uso ineficiente de los recursos públicos.
