Bogotá, abril de 2026. News Press Service. Una alarmante radiografía sobre la situación de la población mayor en la capital fue presentada por el concejal Fabián Puentes, del Partido MIRA, durante el debate de control político sobre la atención integral a la vejez en la Comisión Segunda de Gobierno.
Un crecimiento en los índices de maltrato y abandono fue advertido por el cabildante, quien además expuso serias irregularidades administrativas que comprometerían la transparencia en la ejecución de los recursos distritales destinados a los ciudadanos más vulnerables.
“Hablar del adulto mayor tiene que constituirse en hablar de dignidad, de cuidado y de respeto. Concebimos la protección de la persona mayor no como un tema netamente asistencial, sino como una responsabilidad social y del Estado” manifestó el concejal Puentes y denunció que los casos sospechosos de violencia han sufrido un incremento del 186% en los últimos cinco años, y fue determinado por él mismo que el 70% de las víctimas registradas son mujeres, principalmente en estratos 2 y 3.
En el marco demográfico, la precariedad económica es un factor que agrava la soledad de la vejez. “Duele mucho que lleguen personas mayores que no tengan ni cómo comer, ni en dónde vivir; para miles de ellos, el Estado no se ha visto como un apoyo, cuando debería ser su única posibilidad de vivir con dignidad”, manifestó el cabildante y añadió que el 72.8% de esta población percibe ingresos inferiores a un salario mínimo, lo que los deja en una situación de indefensión absoluta ante el alto costo de vida en la capital.
Por otro lado, la transparencia en la ejecución de los programas sociales fue objeto de duros cuestionamientos por parte del representante de MIRA. A través de la revisión de auditorías de la Contraloría, un presunto detrimento patrimonial de 2.857 millones de pesos fue evidenciado por Puentes.
Dentro de los hallazgos más críticos del Proyecto 7770, fueron detectados por el concejal 350 pagos irregulares realizados a personas ya fallecidas. “En Bogotá se están pagando subsidios a personas fallecidas mientras adultos mayores vivos están en la fila de espera.
Es un proceso básico en cualquier programa de transferencias cruzar la base de beneficiarios con el registro de defunción.
Finalmente, un fortalecimiento inmediato de la respuesta institucional y técnica fue solicitado por el concejal Puentes.
“Hacemos un llamado contundente porque urge trabajar con campañas de concientización y sensibilización, con mayor apoyo psicosocial y mecanismos de denuncia efectivos para atender estas solicitudes” y exigió una supervisión rigurosa en la ejecución contractual como una medida imperativa para garantizar que ni un solo peso de la población mayor sea desviado o mal ejecutado.
