En cumplimiento de la directriz presidencial, el ministro de Justicia anunció medidas contra el interno señalado, mientras continúan las investigaciones disciplinarias, penales y administrativas.
Los diálogos con la mesa sociojurídica continúan suspendidos mientras avanzan las actuaciones de las autoridades competentes.
36 cámaras de última tecnología monitorean en tiempo real el establecimiento penitenciario. El INPEC mantiene operativos de control e incautación de elementos prohibidos.
Bogotá D. C., mayo de 2026. News Press Service. Desde el momento en que se conocieron los inadmisibles hechos ocurridos el pasado 8 de abril en la Cárcel y Penitenciaría La Paz de Itagüí, el Gobierno activó medidas de control, investigaciones disciplinarias y acciones de seguridad para garantizar el orden y la disciplina al interior del sistema penitenciario del país.
Como parte de estas decisiones y en cumplimiento de la directriz impartida por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, confirmó el traslado de Paulo Andrés Torres Flórez al establecimiento penitenciario de Girón (Santander), mientras avanzan las investigaciones correspondientes.
“Por solicitud de la Consejería Comisionada de Paz al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), se trasladó desde la Cárcel y Penitenciaría La Paz, con sede en Itagüí, al establecimiento carcelario de Girón, a Paulo Andrés Torres Flórez, por su presunta participación en los hechos del pasado 8 de abril», señaló el ministro de Justicia.
El Gobierno nacional ha adoptado medidas disciplinarias, operativas y de seguridad para fortalecer el control institucional al interior del establecimiento penitenciario.
Acciones contundentes adoptadas tras los hechos ocurridos en Itagüí:
1. La primera decisión adoptada por el Gobierno nacional fue la suspensión de los diálogos con la mesa sociojurídica desde el pasado 8 de abril, medida que continúa vigente mientras avanzan las actuaciones de las autoridades competentes.
2. Posteriormente, el INPEC inició investigaciones disciplinarias internas, adoptó medidas administrativas inmediatas y trasladó al director encargado del establecimiento penitenciario mientras avanzan las actuaciones correspondientes.
3. Asimismo, la Procuraduría General de la Nación asumió competencia prevalente dentro de las investigaciones, a las que se encuentran vinculados 13 funcionarios presuntamente involucrados, entre directivos y personal de custodia, mientras continúan las actuaciones
disciplinarias, penales y administrativas correspondientes.
4. Como parte del fortalecimiento de las medidas de vigilancia y control, a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) fueron instaladas las primeras 36 cámaras de última tecnología integradas al sistema nacional del INPEC, que monitorea en tiempo real los establecimientos penitenciarios del país. El sistema incorpora capacidades de inteligencia artificial e infrarrojo para reforzar la seguridad electrónica, la vigilancia permanente y el control al interior del establecimiento.
5. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario puso en marcha operativos de control al interior del penal, que permitieron la incautación de celulares, licores, memorias USB y otros elementos prohibidos.
6. El INPEC endureció los controles y estableció un esquema reforzado de vigilancia, supervisión y seguridad sobre el proceso de paz urbana al interior del penal. La directiva centraliza el control institucional y la trazabilidad de todas las actividades, y ordena la supervisión permanente, control estricto de ingresos, monitoreo de reuniones, regulación de visitas, revisión de alimentos, control de elementos tecnológicos y reportes semanales a la Dirección de Custodia y Vigilancia. La directriz deja claro que ningún espacio de diálogo puede desarrollarse por fuera de las condiciones de seguridad, disciplina y legalidad penitenciaria.
7. Como resultado de las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia junto con las autoridades competentes, y en cumplimiento de la directriz presidencial, se ejecutó el traslado del interno señalado por su presunta participación en los hechos ocurridos el pasado 8 de abril.
El ministro de Justicia señaló que, desde el primer momento, el Gobierno nacional rechazó lo ocurrido e instruyó al INPEC y a las autoridades competentes a adoptar medidas inmediatas para garantizar el orden y la disciplina al interior del establecimiento penitenciario.
Agregó que, a medida que avanzaron las investigaciones y se recopiló nueva información sobre los hechos, comenzaron a adoptarse decisiones disciplinarias, operativas y administrativas que derivaron en el traslado del interno señalado, medida que hoy se informa al país mientras continúan las actuaciones correspondientes.
El Ministerio de Justicia y del Derecho reiteró que ningún hecho que comprometa la seguridad, la disciplina y la legalidad al interior del sistema penitenciario será tolerado y continuará acompañando todas las acciones institucionales necesarias para garantizar transparencia, control y cumplimiento de la ley.
