Entre los principales resultados se destacan la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria y Rural, que se espera, beneficie a más de 11 millones de habitantes del campo; la protección de los derechos de las mujeres buscadoras y el fortalecimiento de los sistemas de justicia propia de los pueblos indígenas.
Valledupar, 26 de junio de 2026. News Press Service. Durante años, muchas comunidades étnicas y miles de familias campesinas víctimas del conflicto armado veían la justicia como una promesa lejana. Hoy, en distintos territorios del país, esa realidad se ha venido transformando.
Es la conclusión que deja la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, que desarrolló este viernes en Valledupar el Ministerio de Justicia y del Derecho. Un espacio en el que la cartera liderada por Jorge Iván Cuervo dio a conocer los avances que han permitido acercar la justicia a quienes históricamente han estado más lejos de ella.
En el encuentro, la entidad mostró cómo la implementación del Acuerdo de Paz ha encontrado en la justicia una herramienta para sanar heridas, resolver conflictos y construir nuevas oportunidades para las comunidades.
Uno de los principales avances presentados fue la consolidación de la Jurisdicción Agraria y Rural, eje fundamental del Acuerdo de Paz que busca garantizar que los conflictos relacionados con la tierra puedan resolverse de manera rápida y efectiva.
“El propósito es acercar la justicia al campo, proteger los derechos del campesinado y garantizar que los conflictos por la tierra encuentren soluciones oportunas, especializadas y con enfoque territorial», explicó el viceministro de Promoción de la Justicia, Yefferson Dueñas.
Los resultados ya comienzan a verse en el territorio y más de 11 millones de habitantes rurales podrían beneficiarse con la nueva jurisdicción. Hoy, 170 municipios PDET hacen parte de las zonas priorizadas y 579 líderes campesinos han fortalecido sus capacidades mediante procesos impulsados junto con organismos internacionales.
Paralelamente, el Gobierno nacional avanza en la creación de juzgados, tribunales y servicios especializados que permitirán ampliar la presencia de la justicia en las regiones históricamente más apartadas.
Pero la paz también se construye desde el diálogo cotidiano. Por eso, la cartera de Justicia ha fortalecido los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, mecanismos que permiten resolver diferencias mediante la conciliación, la mediación y los acuerdos comunitarios.
“Cuando el diálogo avanza, la paz se fortalece», señaló Dueñas al destacar que estas herramientas ayudan a transformar conflictos familiares, vecinales y comunitarios sin recurrir a la violencia, al tiempo que promueven una mayor participación de las mujeres en la resolución pacífica de controversias relacionadas con el territorio y la tenencia de la tierra.
El reconocimiento a los sistemas de justicia de los pueblos étnicos también ocupa un lugar central en esta apuesta por la paz. Durante la audiencia se resaltó el fortalecimiento de las justicias propias de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, reconociendo sus sistemas de autoridad, normas y formas de resolución de conflictos.
Solo durante 2025, 115 pueblos indígenas participaron en espacios de concertación, más de 79 se beneficiaron mediante el Banco de Iniciativas y Proyectos y se apoyaron 231 iniciativas para fortalecer la justicia propia en diferentes regiones del país, beneficiando a más de 1,9 millones de indígenas.
Otro de los momentos significativos de la jornada fue el dedicado a las víctimas de desaparición y a las mujeres buscadoras, cuyo trabajo ha sido fundamental para mantener viva la memoria, la dignidad y la esperanza de miles de familias colombianas.
El viceministro (e) de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan David Villalba, recordó que la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas nació como una respuesta a años de exigencias de las víctimas y las organizaciones sociales que reclamaban acciones más coordinadas por parte del Estado.
Gracias a este esfuerzo, mediante el Decreto 532 de 2024 el Ministerio de Justicia lideró la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda. Posteriormente, con el Decreto 063 de 2026 avanzó en la reglamentación de la Ley de Mujeres Buscadoras, una norma que reconoce y protege sus derechos.
“Más de 600 de ellas participaron en la construcción de este decreto. Su voz, durante mucho tiempo invisibilizada, hoy ocupa un lugar central en las decisiones del Estado», destacó Villalba.
En la audiencia también se dieron a conocer las acciones con las que el ministerio ha apoyado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en cuanto a materialización de sanciones propias y construcción de proyectos restaurativos. Estos últimos buscan que quienes participaron en el conflicto contribuyan a reparar a las comunidades afectadas, promoviendo procesos de reconciliación y reconstrucción del tejido social.
Más allá de las cifras, los resultados expuestos en la capital del Cesar reflejan una realidad: la implementación del Acuerdo de Paz avanza en la medida en que la justicia llegue a los territorios, escuche a las comunidades y responda a las necesidades de quienes durante décadas esperaron ser reconocidos.
Porque la paz no se construye únicamente en los tribunales o en los acuerdos. También se edifica cuando una familia encuentra respuestas sobre un ser querido desaparecido, cuando una mujer buscadora recibe respaldo institucional, cuando un conflicto por tierra encuentra una solución justa o cuando una comunidad indígena fortalece su autonomía y sus formas propias de administrar justicia.
Ese es el camino que hoy recorre Colombia: el de una justicia más cercana, más humana y más presente en los territorios, allí donde la paz sigue escribiéndose todos los días.
