Bogotá D. C., 28 de julio de 2026. News Press Service. El Ministerio de Justicia y del Derecho realizó este lunes su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022-2026, un ejercicio de transparencia activa en el que presentó a la ciudadanía los principales avances, resultados y transformaciones impulsadas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro para acercar la justicia a los territorios, fortalecer el acceso a derechos y consolidar reformas de gran alcance y alto impacto para el país.
A través de la estrategia Justicia para la Gente, uno de los principales logros fue la ampliación del acceso a la justicia para millones de colombianos. Mediante las Casas de Justicia y los Centros de Convivencia Ciudadana, el Ministerio realizó más de 4,5 millones de gestiones, lo que representa un incremento del 60% frente al cuatrienio anterior. Adicionalmente, más de 5.000 personas fueron atendidas en jornadas móviles de acceso a la justicia y cerca de 18.000 ciudadanos se beneficiaron mediante jornadas de conciliación.
«Así como Colombia avanzó en la reducción de la pobreza y la desigualdad, desde el Ministerio trabajamos para cerrar una deuda histórica: que la justicia deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho real para todas las personas», destacó la ministra de Justicia, Cielo Rusinque Urrego, durante este ejercicio de rendición de cuentas que se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Externado de Colombia.
Uno de los resultados más contundentes fue el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional y lucha contra la criminalidad transnacional.
Entre agosto de 2022 y julio de 2026 se materializaron 930 extradiciones efectivas de personas requeridas por diferentes países por delitos como narcotráfico, lavado de activos y otras conductas delictivas. De este total, 602 fueron realizadas hacia los Estados Unidos, consolidando a ese país como el principal socio de Colombia en materia de cooperación judicial.
A este logro se suma la expedición de la Ley 2592 de 2026 (PEIMAR), que fortaleció las herramientas del Estado para combatir las economías ilícitas y perseguir el crimen organizado en los espacios marítimos y costeros.
Por primera vez el Ministerio de Justicia estructuró una Política Nacional de Drogas centrada en el ‘Oxígeno’ a la vida, que consolida una nueva visión orientada a la protección de la vida y generación de oportunidades para las comunidades más afectadas por este fenómeno.
La estrategia ha beneficiado a más de 200.000 personas mediante proyectos productivos y sociales respaldados con inversiones superiores a $52.000 millones de pesos. Asimismo, más de 34.000 personas participaron en procesos de prevención del consumo y reducción del estigma.
Ahora bien, entre los principales resultados frente al pilar ‘Asfixia’ de la política, que busca afectar las economías las ilícitas y los eslabones más fuertes del narcotráfico, se incautaron más 3.275 toneladas de cocaína a lo largo y ancho del país.
Además, como legado institucional, el Gobierno y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) dejan una hoja de ruta para mejorar la medición del indicador de Producción Potencial de Cocaína (PPC), una herramienta que permitirá medir mejor para tomar mejores decisiones frente al fenómeno de las drogas en Colombia.
Estamos rompiendo el ciclo del delito. El Ministerio también consolidó avances históricos en justicia social y restaurativa.
Gracias a la Ley 2292 de 2023 (ley de utilidad pública), más de 270 mujeres condenadas, por delitos menores relacionados con hurto y estupefacientes, cumplen sanciones restaurativas sin ser separadas de sus familias, impactando positivamente a más de 800 personas de su entorno y contribuyendo a la reducción del hacinamiento carcelario.
La Jurisdicción Agraria ya es irreversible y hace parte de la Constitución, en cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
El Minjusticia, en articulación con el Ministerio de Agricultura, logró la sanción de la Ley Estatutaria 2570 de 2026, permitiendo que por primera vez más de 2,3 millones de habitantes rurales cuenten con jueces especializados para resolver sus conflictos relacionados con la tierra, sin violencia.
La protección de las víctimas del conflicto pasó del papel a una ruta concreta de restablecimiento de sus derechos. Con la expedición del Decreto 0063 del 26 de enero de 2026 (Decreto de Mujeres Buscadoras), el Ministerio de Justicia saldó una deuda histórica con más de 300.000 mujeres que durante años fueron invisibilizadas en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.
Por primera vez, el Gobierno hizo realidad el componente restaurativo del Sistema Integral para la Paz, convirtiendo las sanciones de la JEP en proyectos de reparación para las víctimas del conflicto, convirtiéndose en la primera entidad en entregarle 7 proyectos restaurativos construidos con víctimas.
El Ministerio creó, junto con la UNODC, la primera Bolsa de Recursos para Proyectos Restaurativos, $2.500 millones en 2025 para financiar futuras iniciativas de reparación en los territorios.
El Gobierno tuvo la voluntad de implementar la primera política pública integral para humanizar el sistema penitenciario y carcelario a través del CONPES 4157 de 2025: una inversión histórica de $4,4 billones, 122 acciones, 25 entidades y una hoja de ruta hasta 2033. Una respuesta estructural concreta a una crisis y problemática estructural de décadas.
Igualmente, se consolidó una justicia con enfoque diferencial para garantizar el acceso efectivo a los derechos de poblaciones históricamente discriminadas, adoptando medidas para garantizar una justicia más inclusiva, mediante instrumentos como el Decreto 0732 de 2026 (Decreto No Binario), la implementación del Protocolo Sin Barreras para personas con discapacidad, la Guía para la Valoración del Riesgo Feminicida y el programa «No es Hora de Callar», desarrollado junto a la periodista Jineth Bedoya.
El Ministerio deja para el país son las bases para una reforma integral a la justicia, construida de manera participativa con una Comisión Asesora integrada por representantes de distintos sectores de la sociedad. Esta iniciativa busca enfrentar desafíos históricos como la congestión judicial, la impunidad y las barreras de acceso a la justicia.
Asimismo, en articulación con el Departamento Nacional de Planeación y 12 entidades del Estado, la cartera entregó la hoja de ruta para la actualización del Plan Decenal del Sistema de Justicia, una visión estratégica con horizonte al 2038 orientada a fortalecer la presencia institucional en los territorios y garantizar una justicia más cercana, eficiente y accesible para la ciudadanía.
«Hoy le entregamos al país mucho más que un balance de gestión. Entregamos un legado institucional que transformó la manera de entender la justicia en Colombia. Acercamos la justicia a millones de ciudadanos, ampliamos derechos para poblaciones históricamente excluidas, fortalecimos la lucha contra el crimen organizado, consolidamos la Jurisdicción Agraria, avanzamos en la reparación de las víctimas y dejamos políticas públicas con visión de largo plazo.
Nuestro mayor logro es haber demostrado que la justicia no puede ser un privilegio para unos pocos, sino una herramienta real para reducir desigualdades, construir paz y dignificar la vida de los colombianos», afirmó la ministra de Justicia y del Derecho, Cielo Rusinque Urrego.
El Gobierno 2022-2026 fortaleció la lucha contra el crimen transnacional, amplió el acceso a la justicia, consolidó nuevas garantías para las víctimas, el campesinado y todos los colombianos, y sentó las bases de las transformaciones para la próxima década.
Además, destacó que con su gestión y teniendo presente la justicia en todas las decisiones y políticas públicas, Colombia avanzó hacia una sociedad más equitativa, incluyente y garante de derechos.
