Bogotá D. C., agosto de 2026. News Press Service. El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Justicia, adoptó la Política Pública Integral de Atención, Prevención, Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas, una hoja de ruta de largo plazo que busca transformar la respuesta del Estado frente a las desapariciones ocurridas en razón y en contexto del conflicto armado, incluidas las víctimas de desaparición forzada.
El decreto firmado por la ministra de Justicia, Cielo Rusinque, representa un avance estructural para las víctimas, sus familiares y las personas buscadoras, quienes durante décadas han enfrentado respuestas fragmentadas, demoras, dificultades para acceder a la información y barreras institucionales para conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos.
Con la expedición del Decreto 1029 de 2026, el país contará con una política de obligatorio cumplimiento y con un horizonte de implementación de diez años. Su propósito es articular en una misma arquitectura institucional las acciones de atención integral, prevención y garantías de no repetición, búsqueda, identificación, entrega digna y acceso a la justicia.
La nueva política parte de una realidad que el Estado reconoce: persisten rezagos críticos en la capacidad operativa para responder a las familias. Entre ellos se encuentran el saldo forense acumulado, las limitaciones en la atención psicosocial, los retrasos procesales, las asimetrías en el acceso a la información y la falta de interoperabilidad entre las entidades.
Para enfrentar estas barreras, la política establece un modelo integrado, coordinado y centrado en las víctimas. La búsqueda dejará de depender de esfuerzos institucionales dispersos y deberá asumirse como una responsabilidad articulada entre las autoridades nacionales y territoriales.
La política será obligatoria para todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y para las demás instituciones que, dentro de sus competencias, intervengan en los procesos de atención, prevención, búsqueda e identificación.
Estas entidades deberán ajustar sus planes, programas y acciones a los nuevos lineamientos.
Uno de los principales cambios será el fortalecimiento del acceso y el intercambio de información entre las instituciones. La política plantea una respuesta interoperable que permita superar la dispersión de datos y mejorar la coordinación de las acciones de búsqueda, identificación y entrega digna.
El decreto también garantiza la participación efectiva de las organizaciones de víctimas, familiares y personas buscadoras en la implementación de la política.
Reconoce especialmente el papel de las mujeres buscadoras y la necesidad de adoptar medidas con enfoques de género, étnico-racial, territorial, diferencial e interseccional.
La política se desarrollará mediante cuatro componentes: atención integral; prevención y garantías de no repetición; búsqueda, identificación y entrega digna; y derecho a la justicia. Estos se complementarán con cinco ejes transversales: gobernanza y articulación institucional, fortalecimiento de capacidades, participación incidente, memoria y dignificación, y gestión estratégica de la información.
Dentro de los 60 días siguientes a la expedición del decreto, la Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Búsqueda deberá adoptar el Plan de Acción y Seguimiento, que permitirá concretar las responsabilidades, acciones y mecanismos de evaluación de la política.
Con esta decisión, el Gobierno del presidente Gustavo Petro deja una política de Estado que trasciende los periodos presidenciales y convierte la búsqueda de las personas desaparecidas en una obligación institucional de largo plazo.
Su legado más importante será poner en el centro a las víctimas y a las familias que, durante años, han sostenido la búsqueda frente a la ausencia de respuestas.
La nueva política busca que ninguna familia tenga que recorrer sola los caminos del Estado para encontrar a un ser querido y que la búsqueda, la verdad y la dignidad sean asumidas como responsabilidades permanentes de toda la institucionalidad.
