News Press Service
Natalia López Fuentes ministra del Trabajo
Esta semana Colombia recibió una buena noticia para las relaciones laborales. Cuatro empresas del sector energético — Grupo Energía Bogotá, TGI, Enlaza y Enel Colombia — y SINTRAELECOL suscribieron un acuerdo colectivo que aborda algunos de los principales desafíos presentes y futuros del mundo del trabajo.
No es un acuerdo cualquiera. Desde 1993 no se firmaba en el sector un instrumento de negociación conjunta de esta magnitud. Pasaron treinta y tres años, varios gobiernos y muchos discursos sobre la importancia del diálogo social antes de que empresas y sindicato volvieran a sentarse en una misma mesa y se levantaran de ella con compromisos firmados.
Frente a un acuerdo de esta importancia hay que empezar por reconocer a sus verdaderos protagonistas: las partes. Son las empresas y la organización sindical las que tuvieron la capacidad de construir posiciones comunes, asumir compromisos y poner su firma. Sin embargo, en estos días ha empezado a circular otra versión: que el acuerdo ya estaba hecho y que este Gobierno se limitó a firmarlo. Vale la pena responderla.
No por vanidad institucional, sino porque de cómo se entienda lo que ocurrió depende que pueda repetirse. Si el acuerdo estaba listo, la pregunta es inevitable: ¿por qué no se firmó antes? Las empresas estaban ahí.
El sindicato estaba ahí. Las convenciones colectivas y las relaciones entre las partes llevaban años. Desde marzo existía incluso un decreto, el 234 de 2026, expedido precisamente para reglamentar la negociación colectiva en niveles superiores a la empresa. Conversaciones hubo. Acuerdo, no. Lo que faltaba no era una norma.
Era confianza. Y aquí está lo que algunos han querido presentar como un reproche: el acuerdo no se construyó invocando el Decreto 234. Es cierto. No fue un olvido; fue una decisión.
La negociación colectiva entre varios empleadores y un sindicato no nació con ese decreto. La Constitución garantiza el derecho de negociación colectiva y ordena al Estado promover la concertación.
Los convenios 98 y 154 de la OIT, ratificados por Colombia, obligan a fomentarla. Y el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo define desde hace décadas la convención colectiva como la que se celebra entre “uno o varios empleadores o asociaciones patronales” y uno o varios sindicatos.
La base jurídica siempre estuvo ahí. Lo que no había era la disposición de las partes a usarla juntas.
Anclar este proceso a una norma cuya legalidad se discute hoy ante el Consejo de Estado habría significado pedirles a cuatro empresas y a un sindicato que construyeran sobre terreno en disputa.
Optamos, por lo contrario: un acuerdo que descansa en la Constitución, en la ley y en la voluntad de quienes lo firman. No se trata de tomar partido en ese debate jurídico, que corresponde resolver a los jueces.
Se trata de entender que un acuerdo que ninguna de las partes teme ver caer es un acuerdo que todas quieren cumplir. Las normas se expiden y se derogan. Los acuerdos que nacen de la confianza permanecen.
Por eso el instrumento reconoce la posibilidad de negociar en escalas superiores a la empresa y, al mismo tiempo, protege la autonomía laboral, administrativa, técnica y decisoria de cada compañía y mantiene intactas sus convenciones colectivas vigentes. Esa fue la condición para que todos quisieran firmar. Y el Ministerio lo entendió desde el primer día.
Desde nuestra llegada al Ministerio del Trabajo tomamos una decisión: abrir el espacio, generar confianza y acompañar a las partes para que el diálogo pudiera producir resultados.
No llegamos a imponerles un acuerdo ni a decirles qué tenían que negociar. Creamos un escenario institucional en el que empresas y sindicato pudieran encontrarse con garantías, escucharse y avanzar. Entendimos que la función del Ministerio no era ocupar la silla de ninguno de los actores, sino garantizar que hubiera una mesa en la que todos quisieran permanecer sentados.
Y las partes respondieron. Una firma se estampa en un minuto. La confianza que la hace posible, no. El resultado va mucho más allá de las discusiones laborales tradicionales.
Cuatro empresas con realidades diferentes y una organización sindical de industria hablaron de transición energética y sus impactos sobre el empleo. De inteligencia artificial, automatización y transformación tecnológica. De formación y reconversión de los trabajadores. De equidad de género y prevención del acoso.
De tercerización. De seguridad y salud en el trabajo. Y decidieron mantener mecanismos permanentes de diálogo durante los próximos cinco años, con un comité laboral ampliado que hará seguimiento cada semestre.
Ese es precisamente el tipo de relaciones laborales que queremos promover: unas en las que la existencia de intereses diferentes no signifique necesariamente confrontación; en las que el sindicato pueda ejercer plenamente su papel de representación y las empresas conserven su autonomía; y en las que el Estado tenga la capacidad de acercar posiciones.
Por eso sostenemos que este es un acuerdo de las partes, y no vamos a disputarles el protagonismo que les pertenece. Pero reconocer a las partes no obliga a reducir a una firma el trabajo que las llevó hasta la mesa.
La ministra y la viceministra aparecen en el documento exactamente en la calidad que corresponde al Estado: acompañando y facilitando el diálogo social, no sustituyendo a quienes negociaron.
Esa firma no es un trámite: es la constancia de un trabajo. Un buen Ministerio del Trabajo no es aquel que pretende protagonizar cada negociación. Es aquel que logra que trabajadores y empleadores encuentren en la institucionalidad un lugar confiable para resolver sus diferencias y construir acuerdos.
Las puertas del Ministerio están abiertas. A las centrales obreras, a los sindicatos de industria, a las organizaciones sindicales de empresa, a los empresarios, a los gremios y a todos aquellos que crean que el diálogo puede ofrecer mejores resultados que la confrontación permanente.
Al pan, pan, y al vino, vino: el verdadero indicador de éxito de una política de diálogo social no es cuántos decretos expide o deroga un Gobierno, sino cuántos espacios de diálogo abre y cuántas veces trabajadores y empleadores logran levantarse de ellos habiendo encontrado soluciones. Eso no ocurría en el sector desde 1993. Ocurrió esta semana.
Las partes construyeron el acuerdo y este Gobierno generó la confianza que lo hizo posible. Ese es el modelo que queremos multiplicar: un Estado presente, activo y capaz de generar confianza, pero respetuoso de la autonomía colectiva. Un Ministerio de puertas abiertas. Y unos trabajadores y empleadores que vuelvan a comprobar que sentarse a dialogar sí vale la pena.
Cuando eso sucede, el éxito es de las partes. Y el resultado es de todo el país.
