La decisión, que se tomó durante la sesión de hoy del Consejo Nacional de Estupefacientes, contempla controles adicionales por parte de los ministerios de Justicia y de Salud.
Los ministros Andrés Idárraga (Justicia) y Armando Benedetti (Interior) anunciaron nuevas restricciones, así como un proyecto de ley que penalizará el fentanilo en Colombia.
Bogotá, D.C., 27 de noviembre de 2025. News Press Service. Durante la sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes cumplida este jueves,el Gobierno nacional anunció la prohibición de precursores químicos asociados al fentanilo y el fortalecimiento de los controles sobre sustancias utilizadas en su producción.
La medida se toma con el fin de responder a la amenaza de que la producción de dicha droga sintética se realice en Colombia, y como parte de la estrategia de protección a la salud pública y lucha contra el narcotráfico.
El ministro (e) de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga Franco, aseguró que el país no puede permitir que aumente la circulación de sustancias relacionadas con el fentanilo, ni que los productores de dicha droga encuentren en Colombia un escenario para instalarse.
Al tiempo, confirmó que pese a que en el país el medicamento fentanilo tienen usos estrictamente hospitalarios, el Consejo Nacional de Estupefacientes se encuentra estableciendo nuevas restricciones y controles. Y explicó que cuatro sustancias de competencia de la entidad (ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, éter etílico y tolueno) quedan sujetas a mayores medidas de seguimiento.
Idárraga añadió que en los próximos días el Ministerio de Salud actualizará los listados de sustancias fiscalizadas -incluyendo el bencilfentanilo y el anhídrido propiónico- y recalcó que se corre el peligro de que los productores de fentanilo lleguen a Colombia.
“No queremos que eso ocurra ni que el país termine involucrado en un negocio que hoy está lejos de nosotros», indicó al recordar que la actual política de drogas está funcionando, pues según cifras avaladas por Naciones Unidas, “la mayor expansión de cultivos ilícitos ocurrió durante el gobierno Duque».
Por su parte el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que la decisión hace evidente el compromiso del Gobierno de luchar frontalmente contra el fentanilo. Explicó que todos los precursores tendrán estrictos controles y que la medida se alinea con la política de cooperación internacional del presidente Gustavo Petro, especialmente respecto a Estados Unidos.
Por último, confirmó que junto con su par de Justicia radicará un proyecto de ley que penalizará esta sustancia, la cual ha generado ya graves crisis sanitarias en Estados Unidos, Canadá y China.
El Gobierno insiste en que estas decisiones buscan cortar de raíz cualquier intento de establecer cadenas de producción de fentanilo en Colombia mientras se fortalecen la transparencia y la acción institucional.
Las conclusiones de la sesión del Consejo, órgano rector de la política de drogas en Colombia, resaltan la necesidad de actuar de manera preventiva, evaluar riesgos, ajustar controles y evitar que redes criminales encuentren vacíos que puedan ser aprovechados para aumentar la venta de este tipo de sustancias en el territorio o en el exterior.
Las medidas también se fundamentan en los graves perjuicios que el fentanilo ha causado a la salud pública en otros países. Esta droga sintética es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, y usada fuera del contexto médico puede provocar depresión respiratoria severa, dependencia extrema, riesgo elevado de sobredosis y muerte en pocos minutos. La facilidad para su producción, su bajo costo y alto poder adictivo la han llevado a convertirse en una de las sustancias más letales en Norteamérica y en una amenaza que Colombia busca evitar antes de que llegue a niveles críticos.
Cabe recordar que el Consejo Nacional de Estupefacientes, órgano rector de la política de drogas en Colombia, define regulaciones, restricciones, medidas de control y lineamientos relacionados con sustancias sometidas a fiscalización. De dicho ente hacen parte los ministerios de Justicia, Salud, Educación, Defensa y Agricultura, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional.
