Pasa a conciliación y sanción presidencial
El proyecto de ley estatutaria que define la estructura entrará en vigor tras su promulgación, derogando todas las disposiciones contrarias.
Bogotá D.C. 4 de junio de 2024. News Press Service. La iniciativa con la que se estructurará la Jurisdicción Agraria y Rural -que busca garantizar un acceso más equitativo y eficiente a la justicia para los campesinos y comunidades rurales- fue aprobada en la tarde de este martes por la plenaria de la Cámara de Representantes.
El ministro de Justicia Néstor Osuna, aseguro: “Este proyecto tiene como finalidad proteger la propiedad rural. No contiene ninguna disposición, ni explícita ni implícita, relacionada con la expropiación. Precisamente, lo que hace el proyecto de ley es crear jueces especializados que resuelvan pleitos y apliquen el derecho vigente, el cual establece y protege la propiedad.
El proyecto no modifica en absoluto la legislación sustantiva sobre la propiedad; simplemente crea un mecanismo adicional para garantizar su protección”. El proyecto, que pasa a conciliación y espera ser sancionado por el presidente Gustavo Petro, establece la creación de tribunales y juzgados dedicados exclusivamente a resolver conflictos agrarios y/o rurales.
En cuanto a los órganos de cierre, serán: la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, dependiendo si el conflicto es entre particulares o entre particulares y el Estado.
Además, se establecerán Centros de Servicios Judiciales y Administrativos de Apoyo Técnico Agrario y Rural que ofrecerán soporte pericial a jueces y magistrados con un enfoque étnico y cultural.
Asimismo, los usuarios de la justicia contarán con facilitadores agrarios y rurales, profesionales que orientarán a la ciudadanía sobre el acceso a la justicia en estos temas. En cuanto a la provisión de cargos, se realizarán concursos de méritos para seleccionar jueces y magistrados especializados en derecho agrario, administrativo y ambiental.
Aún queda por discutir la ley ordinaria, la cual definirá el proceso operativo de la nueva jurisdicción que deberá establecer, entre otros aspectos, los requisitos para presentar las demandas y el procedimiento para la práctica de pruebas.
