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La Comisión Europea ha publicado la nueva edición de su Informe sobre el Estado de derecho, que muestra la persistencia de problemas en la libertad de prensa. También ha incluido a Eslovaquia.
Italia, Hungría y Eslovaquia han recibido criticas de la Comisión Europea por su continuo deterioro de las normas democráticas, que amenaza la persecución efectiva de la corrupción, la independencia del sistema judicial y la seguridad de los periodistas.
Los tres países salen mal parados en la nueva edición del informe sobre el Estado de derecho, que publica cada año la Comisión Europea. El extenso documento examina todos los Estados miembros y ofrece recomendaciones a medida para subsanar deficiencias.
Siendo necesario tomar medidas
«Proteger el Estado de derecho es un trabajo continuo», dijo el miércoles Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión para Valores y Transparencia, al presentar las principales conclusiones. «Vemos que sigue siendo necesario tomar medidas».
El informe «no nombra ni avergüenza, ni elogia a nadie», añadió, calificándolo de «herramienta preventiva» para fomentar el diálogo y sensibilizar. Con todo, el ejercicio pone inevitablemente la lupa sobre determinados países sospechosos de alejarse de las normas de la UE.
Italia contra los periodistas
Este año se insta a Italia a hacer más para garantizar la financiación adecuada de los medios de comunicación públicos, proteger el secreto profesional de los periodistas y reformar su régimen de difamación.
El llamamiento se produce en medio de la preocupación en Italia por la creciente influencia política en el sector de los medios de comunicación, los supuestos episodios de censura, el acoso a las voces críticas y la posible adquisición de la agencia de noticias AGI por un político de extrema derecha.
En mayo, los periodistas de la ‘RAI’, la radiotelevisión pública, se declararon en huelga para protestar por lo que calificaron de «control asfixiante» ejercido por el gobierno de Giorgia Meloni sobre el contenido editorial.
Giorgia Meloni, en contra
Meloni ha emprendido acciones legales contra varios periodistas que han hecho comentarios críticos sobre ella. La semana pasada, un periodista fue condenado a pagar 5.000 euros en concepto de daños y perjuicios por burlarse de la estatura de la primera ministra en las redes sociales.
«Llevamos años expresando la necesidad de salvaguardias (periodísticas)«, dijo Jourová al ser preguntada por Italia. «Pero con los nuevos incidentes denunciados por las partes interesadas y los recortes presupuestarios, esto se está volviendo muy urgente».
Hungría, un problema «sistémico»
En cuanto a Hungría, la eterna piedra en el zapato de la Comisión, el informe muestra una falta total de avances en varios ámbitos, como las normas sobre grupos de presión y puertas giratorias, el enjuiciamiento de casos de corrupción de alto nivel, la transparencia en la publicidad estatal, la independencia editorial de los medios públicos y los obstáculos que dificultan el trabajo de las ONG.
En los últimos años, Bruselas ha iniciado numerosos procedimientos de infracción contra Budapest, el último de ellos por la llamada «Oficina de Protección de la Soberanía», facultada para investigar a personas y organizaciones que reciben financiación extranjera y son sospechosas de influir en el debate político y los procesos electorales del país.
La controvertida oficinaha iniciado procedimientos contra Transparencia Internacional y Átlátszó, una organización de investigación sin ánimo de lucro que recibe donaciones internacionales.
Como reacción a la persistente tendencia al retroceso democrático, la Comisión congelómás de 30.000 millones de euros de la parte asignada a Hungría de los fondos de cohesión y recuperación, una situación que el primer ministro Viktor Orbán denunció repetidamente como «chantaje financiero».
El año pasado, sin embargo, el Ejecutivo liberó 10.200 millones de euros después de que Budapest introdujera una reforma judicial acorde con las recomendaciones de la UE. La decisión provocó una furibunda reacción y llevó al Parlamento Europeo a demandar a la Comisión.
Unos 22.000 millones de euros siguen paralizados, sin perspectivas de una próxima solución.
«Intentamos ser justos en la forma en que analizamos la situación», dijo Didier Reynders, comisario europeo de Justicia. «Pero yo diría que Hungría es un verdadero problema sistémico para la Comisión sobre el Estado de derecho».
Incertidumbre sobre Eslovaquia
Un desenlace similar podría producirse pronto en Eslovaquia. El país lleva meses bajo la lupa por una serie de cambios legislativos encabezados por el Gobierno del primer ministro Robert Fico, que han puesto a Bruselas en estado de alerta. El principal de ellos es la reforma de la radiotelevisión pública, ‘RTVS’, que este mes fue disuelta y sustituida por una nueva entidad, conocida como ‘SVTR’.
Según Fico, la reforma era necesaria para hacer frente a la parcialidad política de ‘RTVS’, que describió como «en conflicto con el gobierno eslovaco». Estas afirmaciones fueron rebatidas por la organización y desencadenaron las protestas del «Jueves Negro».
A raíz de las críticas, incluidas las de la Comisión, el Gobierno suprimió las partes más polémicas de la reforma, como la creación de un consejo para supervisar la programación, pero mantuvo una disposición que permitía a la mayoría gobernante controlar el consejo de administración de ‘SVTR.
A Bruselas también le preocupan los cambios propuestos en el Código Penal y la disolución de la Fiscalía Especial, que podrían poner en peligro las investigaciones sobre el uso indebido de dinero público y socavar el presupuesto de la UE. Otras preocupaciones giran en torno a un proyecto de ley que obligaría a las ONG que reciban más de 5.000 euros del extranjero a ser etiquetadas como «organizaciones con apoyo exterior».
Jourová, que expresó su preocupación durante una visita a Bratislava en abril, dijo que las conversaciones con el Gobierno de Fico seguían en curso y eran «intensas», a la espera de la versión final de las piezas legislativas. La Comisión, dijo, tiene el «deber» de iniciar procedimientos de infracción si alguna de estas leyes acaba violando las normas de la UE.
Pero, ¿se atreverá Bruselas a congelar fondos, como hizo con Hungría? «Llegaremos tan lejos como sea posible en ese diálogo político para resolver la cuestión y estar seguros de que tenemos una protección real (sobre) el dinero de la UE», dijo Reynders.
«Al final, veremos si es posible ponernos de acuerdo sobre las diferentes enmiendas para considerar que tenemos una protección real o utilizar otras herramientas», prosiguió. «Pero de momento, intentamos dar prioridad al diálogo«.
