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El presidente Gustavo Petro anunció la reanudación de diálogos de paz con el Eln, que fueron suspendidos por el expresidente Iván Duque en 2019 después del atentado terrorista de esa organización en la Escuela de Policía General Santander, en el que mató a 22 jóvenes cadetes. El Gobierno y esa guerrilla acordaron restablecer la mesa a partir de la primera semana de noviembre, y que las sedes de las conversaciones serán rotativas entre los países garantes (Cuba, Venezuela y Noruega). “Para el Gobierno de Colombia y el ELN la participación de la sociedad en este proceso es esencial en los cambios que necesita Colombia para construir la paz”, sostuvieron las dos partes. “Se habla de un Gobierno para el cambio. Los procesos de negociación buscan los cambios para el bienestar de nuestra sociedad. En la medida en que haya participación, se pueden construir escenarios de participación que requiere Colombia”, dijo alias ‘Antonio García’, máximo jefe del Eln.
Los diálogos con el Eln ya tenían una agenda de seis puntos, distinta a la que negociaron el Estado y las Farc en La Habana. Y en este caso, es protagonista y transversal la sociedad civil, que, para el Eln, estuvo ausente en la negociación con las Farc. Otro cambio sustancial, de acuerdo con Danilo Rueda, comisionado de paz, es que se negociará con el principio de que “lo que se va acordando, se va cumpliendo”, contrario al principio que operó en la negociación con las Farc: “nada está acordado, hasta que todo esté acordado”. Entre otros aspectos, para el fin del conflicto, también se planteó que se deben resolver la futura situación jurídica del Eln y sus integrantes, las condiciones y garantías de seguridad para quienes dejen las armas y las condiciones y garantías para el ejercicio de la política del Eln.
Esta misma semana, simultáneamente, las comisiones primeras de Senado y Cámara sesionaron de forma conjunta para discutir en primer debate el proyecto que busca reformar la Ley de Orden Público (418), que permite adelantar diálogos con grupos al margen de la ley. Esta norma es clave en el marco del reinicio de los diálogos con el Eln, pues pretende modificar algunas disposiciones legales, con el fin de definir la política de paz de Estado durante el Gobierno Petro. Su objetivo, según la ponencia, es “adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con voceros y miembros de grupos organizados al margen de la ley”, con lo que se abrirían dos tipos de procesos: uno de negociaciones de paz y otro distinto de sometimiento a la justicia.
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