Por Alberto Restán Hincapié
Bogotá, diciembre de 2024. News Press Service. Este proyecto, que propone aumentar del 20% al 46,5% la proporción de los ingresos corrientes de la Nación (ICN) transferidos a municipios, distritos y departamentos, ha abierto debates históricos sobre descentralización, autonomía territorial y equidad en la asignación de recursos.
Tras un largo debate, se aprobó la reforma en la Cámara de Representantes, teniendo un recuento de 124 votos a favor y 2 en contra.
El contexto de la reforma
El SGP, estipulado en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de 1991, es la herramienta principal para financiar servicios básicos como educación, salud, agua potable y saneamiento básico en las entidades territoriales.
La reforma presentada por el Gobierno del Cambio busca rediseñar este mecanismo para garantizar una mayor autonomía financiera a los entes territoriales y responder a las demandas históricas de las regiones por una distribución más equitativa de los recursos.
Bajo la propuesta, las entidades territoriales recibirán casi la mitad de los ICN, un cambio significativo frente a las transferencias actuales. Este ajuste tiene como objetivo no solo mejorar la prestación de servicios básicos, sino también empoderar a los gobiernos locales para priorizar inversiones en programas y proyectos con alto impacto en sus comunidades.
Reacciones en el espectro político
Las reacciones de los actores políticos han sido diferentes y reflejan los intereses y preocupaciones de cada sector.
Apoyo desde las regiones y partidos descentralistas
Gobernadores, alcaldes y líderes regionales han recibido la reforma con optimismo. Argumentan que el aumento en los recursos permitirá cerrar brechas históricas de desigualdad, especialmente en zonas rurales y territorios con altos índices de necesidades básicas insatisfechas.
Partidos políticos con una agenda descentralista, como algunos sectores de la coalición oficialista, han destacado que la reforma representa un avance significativo en el cumplimiento de los ideales de descentralización consagrados en la Constitución de 1991.
El proyecto de Acto Legislativo de Autonomía Territorial que le devuelve la independencia fiscal y económica a las regiones, fue aprobado con 124 votos en la Plenaria de la Cámara de Representantes, convirtiéndose en un paso histórico para cumplir con la promesa de la Constitución de 1991 y un avance importante para reducir las brechas económicas y sociales del país.
Esta reforma constitucional, que ha sido producto de una ardua búsqueda de consensos entre el Gobierno nacional, el Congreso de la República, y las alcaldías y gobernaciones del país, busca fortalecer la autonomía fiscal de los municipios, distritos y departamentos, asegurando que los recursos se destinen de manera eficiente en servicios básicos como educación, salud, agua potable, saneamiento básico e infraestructura, entre otros.
“Esta es la reforma constitucional, tal vez, si no la más importante, de las más importantes que se han aprobado desde la Constitución de 1991. Durante los ocho debates se fue ajustando, se fue mejorando, se fueron superando diferencias y temores de quienes, legítimamente y siendo amigos de la descentralización, tenían preocupaciones desde el punto de vista fiscal”, mencionó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tras la aprobación.
Actualmente, la Nación transfiere a los entes territoriales poco más del 20% de sus ingresos corrientes, un porcentaje mínimo que promueve un Estado centralista que concentra sus decisiones en Bogotá. Con la entrada en vigencia de Acto Legislativo, los entes territoriales pasarán a recibir el 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación, un cambio que se hará de manera gradual mientras se les asignan nuevas responsabilidades.
