La Contraloría General de la República identificó hallazgos fiscales por $6 billones de pesos en 24 EPS, por indebida destinación de los recursos de la UPC durante el año 2020, y $5.3 billones cuya incidencia fiscal será dilucidada en indagación preliminar
Pagos de servicios de salud de vigencias anteriores, por $5.4 billones de pesos, con recursos de la UPC del año 2020.
Dineros que no tienen evidencia de su uso. En 2020, se produjo un excedente de $643 mil millones de pesos, por concepto de Presupuestos Máximos (Con lo que se financia tratamientos, no incluidos en el plan de beneficios en salud). Se desconoce el destino que las EPS le dieron a esos.
Mayores valores pagados a terceros, por $5.3 billones de pesos, que resultan de la diferencia entre lo facturado vs lo pagado; como es el caso de NUEVA EPS, en la que se evidenció giros sin soportes por valor de $2.1 billones de pesos, y en la EPS FAMISANAR, por $643 mil millones de pesos.
Pagos que no guardan relación de causalidad con servicios de salud.
La NUEVA EPS destinó $40 mil millones de pesos de créditos bancarios para honorarios de miembros de junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de nómina Planes Complementarios de Salud (PAC), entre otros, y sus intereses fueron pagados con recursos de la UPC.
Bogotá, agosto de 2024. News Press Service. La Contraloría General de la República -CGR adelantó una Actuación Especial de Fiscalización, que tuvo como objetivo: “Analizar el uso y destino de los recursos de la UPC y presupuestos máximos girados por la ADRES a las EPS en la vigencia 2020; asimismo, la constitución y el comportamiento de las reservas técnicas de las EPS, utilidades y variaciones patrimoniales”.
Las EPS vinculadas a esta actuación de fiscalización fueron las siguientes:
1. Aliansalud E.P.S
2. Alianza Medellín Antioquia EPS SAS Savia Salud EPS
3. Anas Wayuú EPSI
4. Asmet Salud EPS S.A.S
5. Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y Guajira Dusakawi EPSI
6. Asociación Indígena del Cauca AIC EPS Indígena
7. Emssanar Sociedad por Acciones Simplificadas Emssanar SAS
8. Asociación Mutual SER Empresa Solidaria de Salud, Entidad Promotora de Salud Mutual SER EPS 9. Capital Salud Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado S.A.S Capital Salud EPS S SAS. 10.Capresoca E.P.S
11.Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A. Coosalud EPS S. A.
12.Empresa Promotora de Salud Ecoopsos EPS SAS – Ecoopsos EPS SAS
13.Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado EPS S Convida
14.Entidad Promotora de Salud Famisanar SAS – EPS FAMISANAR SAS
15.Entidad Promotora de Salud Mallamas EPS Indígena
16.Entidad Promotora de Salud PIJAOS SALUD EPSI
17.Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS EPS SANITAS SAS
18.Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S. A. SOS EPS
19.EPS Suramericana S. A. EPS SURA
20.Fundación Salud MIA EPS
21.Nueva Empresa Promotora de Salud S. A. – Nueva EPS S. A.
22.Empresas Públicas de Medellín ESP Entidad Adaptada de Salud (EAS)
23.Salud Total 2
Para evaluar la gestión fiscal, la CGR utilizó la información de los estados financieros certificados por el representante legal, dictaminados por el revisor fiscal de cada una de las Empresas Promotoras de Salud –EPS– y registrados ante la Superintendencia Nacional de Salud, correspondientes a las vigencias fiscales 2019, 2020 y 2021; lo que permitió analizar el uso y destino de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación –UPC– y Presupuestos Máximos girados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social –ADRES– en la vigencia 2020 y analizó el comportamiento de las reservas técnicas de las EPS, gastos administrativos, costo de la prestación, utilidades y variaciones patrimoniales.
Los procedimientos técnicos de control aplicados arrojaron los siguientes hallazgos
1 : Las EPS pagaron servicios de salud de vigencias anteriores al año 2020 con los recursos de la UPC, por $5.4 billones de pesos, los cuales tenían una destinación específica y no podían ser utilizados para fines distintos a los previstos en la Constitución y la ley.
La EPS S.O.S. pagó con recursos excedentes de la UPC del 2020, entre otras fuentes, deudas por $86 mil millones de pesos, del período comprendido entre las vigencias 2003 a 2015; cuando las obligaciones ya estaban prescritas y/o las acciones judiciales habían caducado.
La NUEVA EPS pagó servicios de salud de vigencias anteriores con la UPC de 2020, correspondientes a las vigencias 2008 a 2015, por valor de $62 mil millones de pesos; al igual que CONVIDA EPS que pagó la suma de $4 mil millones de pesos, en este mismo lapso. Por otra parte, la EPS ECOOPSOS pagó la suma de $1.621 millones, de vigencias anteriores.
Dineros que no tienen evidencia de su uso. En 2020, se produjo un excedente de $643 mil millones de pesos, por concepto de Presupuestos Máximos, con lo que se financia enfermedades, medicamentos y tecnologías no incluidas en el plan de beneficios de salud, como es el caso de Capital Salud con excedentes que ascienden a $18 mil millones de pesos y Convida con $7 mil millones de pesos.
Mayores valores pagados por $5.3 billones de pesos, que resultan de la diferencia entre lo facturado por servicios prestados vs lo pagado; como es el caso de la Nueva EPS, en la que se evidenciaron pagos sin soportes por valor de $2.1 billones de pesos y en la EPS FAMISANAR, por $643 mil millones de pesos.
Pagos que no guardan relación de causalidad con los servicios de salud. La NUEVA EPS, accedió a créditos bancarios durante las vigencias 2019, 2020 y 2021, por un total de $3.9 billones, de los cuales $40 mil millones de pesos fueron destinados a pagos de: Honorarios a miembros de junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de nómina Planes Complementarios de Salud (PAC), entre otros, incluidos los intereses que fueron pagados con recursos de la UPC. Producto de la Actuación se obtuvieron los siguientes resultados:
61 hallazgos con incidencia administrativa
37 hallazgos con incidencia fiscal, por cuantía de $6 billones de pesos, que dan lugar al inicio de procesos de responsabilidad fiscal.
