Antonio Sanguino, ministro de trabajo de Colombia, afirmó que la decisión del alto tribunal fue precipitada
Bogotá, mayo de 2026- News Press Service. En reacción a la decisión del alto tribunal, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró en entrevista que la medida es inaceptable, además de mencionar que, en su criterio, fue precipitada.
“Bueno, primero decir que es inaceptable, que es absolutamente sorprendente la manera como ha actuado el Consejo de Estado y particularmente el magistrado Bedoya en este caso. Tomó una decisión precipitada hace unos quince días con un auto que suspendió parcialmente el decreto 415”, explicó.
Conforme a sus consideraciones, la suspensión del decreto “mantienen secuestrados los recursos de los ahorradores mientras Colpensiones está pagando las pensiones”.
Sanguino también dijo que se están evaluando “jurídicamente las actuaciones que siguen. Lo vamos a hacer entre el Ministerio de Hacienda, Colpensiones, la Secretaría Jurídica de la Presidencia y la Agencia de Defensa del Estado, la Agencia Jurídica, y seguramente vamos a interponer recursos”.
Incluso, recordó que el presidente Gustavo Petro solicitó imponer un recurso legal contra el magistrado Juan Enrique Bedoya por liderar la suspensión del decreto de traslado de ahorro pensional.
“Y por supuesto que vamos a conminar a la Corte Constitucional para que le exija al Consejo de Estado que respete su competencia respecto a la suerte de la Ley 2381, que también está siendo afectada por esta decisión de este magistrado y de la sala correspondiente en el Consejo de Estado”.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que, con la suspensión del decreto, la entrega de recursos a más de 25.000 personas está en riesgo, puesto que las AFP no han efectuado los pagos respectivos.
“Los señores de los fondos privados quieren mantener los recursos que no son suyos en su portafolio de inversiones afuera del país, en vez de trasladarlos”, dijo.
CONSEJO DE ESTADO
El Consejo de Estado suspendió los apartes finales del decreto expedido por el Gobierno que exigía a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) transferir anticipadamente recursos a Colpensiones, lo que implica la detención inmediata del traslado de cerca de $5 billones programados para las próximas semanas.
La medida, informada por la Sección Segunda del alto tribunal, responde a la inminencia de la operación y a la urgencia de garantizar un control judicial eficaz antes de que se ejecuten movimientos de suma relevancia en el sistema pensional colombiano.
La acción judicial amplía una decisión tomada el 28 de abril de 2026, cuando el Consejo de Estado había suspendido parcialmente el Decreto 415 de 2026, en el marco de más de 15 demandas acumuladas contra la norma promulgada el 20 de abril.
En la resolución anterior, el tribunal había frenado el traspaso de fondos correspondientes a los afiliados que aún no contaban con derecho pensional consolidado.
Ahora, la nueva medida se extiende a todos los apartes del decreto que permanecían vigentes, abarcando tanto a los pensionados como a disposiciones operativas adicionales
