Mural aboga por los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. En Colombia los activistas de esos derechos corren graves riesgos sobre todo cuando enfrentan a grandes empresas en disputas por la tierra, según expertos de la ONU en Ginebra. Foto: Bibiana Moreno/ONU Colombia
News Press Service
GINEBRA – Las personas defensoras de los derechos humanos que plantean preocupaciones sobre proyectos empresariales corren altos riesgos en Colombia, señaló este jueves 4 un grupo de expertos de las Naciones Unidas.
“Las amenazas graves, incluidas las de muerte, son habituales en Colombia para las personas defensoras que plantean su preocupación por las actividades empresariales”, dijo la experta irlandesa Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
La situación es particularmente grave en las industrias que implican uso intensivo de la tierra, agregó Lawlor en su declaración, junto a otros expertos que trabajan bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza.
Ellos son el abogado guatemalteco Francisco Calí Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, y el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, que encabeza la socióloga Fernanda Hopenhaym, con gran experiencia en el seguimiento al trabajo de empresas en América Latina.
Los expertos llamaron la atención sobre la situación de Pedro José Velasco Tumiña, un defensor indígena del pueblo misak (en el sudoccidental departamento del Cauca) que lleva casi un año recibiendo amenazas.
Desde julio de 2021, miembros de los pueblos indígenas misak y nasa y de las comunidades campesinas han manifestado en el departamento del Cauca en tierras de la empresa irlandesa Smurfit-Kappa, líder de la industria del embalaje en Europa.
El año pasado la empresa controlaba más de 67 000 hectáreas de tierra en Colombia, de las cuales más de 41 500 servían de plantaciones de pinos y eucaliptos.
“Las amenazas graves, incluidas las de muerte, son habituales en Colombia para las personas defensoras que plantean su preocupación por las actividades empresariales, en particular en las industrias que implican el uso intensivo de la tierra”: Mary Lawlor.
Los manifestantes denuncian el impacto, sobre los derechos humanos y el ambiente, del uso de la tierra por parte de Smurfit-Kappa y reclaman el cumplimiento justo de las disposiciones del Acuerdo de Paz sobre la reforma agraria.
En 2016 el gobierno y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya desmovilizada, firmaron un acuerdo de paz que incluyó la adopción de medidas agrarias y de tierras en favor de comunidades indígenas y campesinas.
Las comunidades indígenas afirman su derecho a reclamar las tierras de Smurfit Kappa también con base en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Desde agosto de 2021, dijeron los expertos de la ONU, “Velasco Tumiña ha estado recibiendo amenazas de muerte por su defensa de estas cuestiones”.
A principios de este año el activista viajó a Dublín para comunicar sus preocupaciones a la empresa directamente en su junta general anual. “Al regresar a Colombia recibió un mensaje en el que se le advertía que era hombre muerto”, indicaron los responsables de derechos humanos en Ginebra.
Dijeron que ya una persona fue asesinada desde que empezó el movimiento al favor de los derechos a la tierra. Un hombre fue presuntamente abatido por las fuerzas de seguridad del Estado durante una protesta en agosto de 2021.
“El Estado debe cumplir con su responsabilidad de proteger los derechos humanos e investigar cualquier denuncia de violación”, dijeron los expertos, y agregaron que “las amenazas contra Pedro son terribles y deben tomarse muy en serio, al igual que las cuestiones que él y otros están planteando”.
Además, “para garantizar que las empresas respeten los derechos humanos, el Gobierno entrante –un nuevo presidente de la República, Gustavo Petro, reemplazará a Iván Duque el 7 de agosto- debería animar a las empresas a colaborar de forma constructiva con las personas defensoras”.
Las compañías privadas, por su parte, “deberían manifestar públicamente su voluntad de hacerlo, incluso si las reclamaciones de los defensores afectan a las propias operaciones de la empresa”, añade la declaración.
Oficinas de la ONU registraron, entre el 1 de enero y el 15 de marzo de este año, el asesinato de 43 defensores de derechos humanos y líderes sociales, incluyendo cuatro mujeres, a causa de la violencia remanente de décadas de conflicto armado.
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IPS
