Bogotá, mayo de 2026. News Press Service. En el marco del debate de control político a la Secretaría de Seguridad, el concejal de la Alianza Verde Julián Espinosa presentó una grave denuncia sobre una posible dinámica detrás de los casos de extorsión en la ciudad de Bogotá: la venta ilegal de bases de datos con información personal de ciudadanos.
Durante su intervención, Espinosa expuso un video grabado con cámara oculta en el sector de Unilago, donde se evidencia cómo se ofrecen bases de datos con información detallada de distintos grupos poblacionales, incluyendo adultos mayores y pensionados.
“Lo que estamos viendo es extremadamente grave. Aquí hay un mercado ilegal de información personal que podría estar siendo utilizado para cometer delitos como la extorsión”, advirtió el concejal.
Tras esta denuncia, el concejal presentó cifras que permiten entender cómo se están cometiendo estos delitos en Bogotá. En lo corrido de 2026 se han registrado 441 casos de extorsión, de los cuales 214 se han realizado mediante llamadas telefónicas (49%) y 96 a través de redes sociales (22%).
En conjunto, estas dos modalidades concentran el 71% de los casos de extorsión en la ciudad, lo que evidencia que los delincuentes están utilizando canales directos de contacto con las víctimas, como bases de datos.
“Si la mayoría de las extorsiones se hacen por llamadas y redes sociales, la pregunta es de dónde están obteniendo la información de las personas”, señaló Espinosa.
Pero además de esta denuncia, el concejal evidenció que varias metas clave de seguridad del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” se encuentran en nivel crítico de cumplimiento.
Entre estos casos está la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que en 2024 tenía una meta de 12 y cerró en 15,3, y en 2025, con una meta de 12,9, alcanzó 14,7, lo que evidencia un incumplimiento y un deterioro frente a los objetivos de reducción. Los registros por casos de extorsión, que alcanzaron 2.219 en 2025 frente a 1.688 en 2024; y las lesiones personales, que se mantienen en niveles altos con 18.607 casos.
A esto se suman problemáticas como los hurtos en Transmilenio, que continúan por encima de los 10 mil casos anuales, así como el aumento en incidentes reportados a la línea 123, donde se evidencian más riñas, casos de maltrato y otros hechos que reflejan un deterioro en la convivencia en la ciudad.
“Las cifras del propio Distrito muestran que hay metas de seguridad que no se están cumpliendo. No es un tema de percepción, son datos oficiales”, afirmó el concejal.
El concejal Julián Espinosa también criticó a la administración Galán por la falta de avances en proyectos clave para enfrentar la criminalidad. La Cárcel Distrital II, que venía estructurada desde la administración anterior y para la cual el Gobierno Nacional ya había entregado el predio en 2024, hoy no tiene ejecución. Incluso, el contrato por más de 5.196 millones de pesos para estudios y diseños fue terminado y actualmente no hay un proyecto en marcha para su construcción.
“Mientras se responsabiliza a la justicia por la liberación de delincuentes, la ciudad sigue sin ampliar su capacidad carcelaria.”, concluyó Espinosa.
