La Ley de Utilidad Pública es la primera norma que contempla la posibilidad de ejecutar una sanción en donde la pena se traduce en actividades de impacto social para resarcir el daño.
Este es un testimonio vivo de los alcances y posibilidades de la justicia restaurativa con enfoque de género. A través del sustituto de utilidad pública, ella tuvo la oportunidad de cumplir su pena aportando a la comunidad y manteniendo sus vínculos familiares intactos.
A la fecha, 59 mujeres en todo el territorio nacional tienen la misma oportunidad de cumplir su pena a través de servicios comunitarios gracias a la ley 2292 de 2023.
Bogotá, julio de 2024. News Press Service. El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá-Quindío, decidió declarar la extinción de la pena impuesta en contra de Jennifer Andrea Zabala Henao, por el delito de violencia contra servidor público.
Jennifer fue condenada a prisión. Sin embargo, tan pronto la juez de ejecución de penas conoció el caso, decidió concederle el beneficio del que trata la ley 2292 de 2023, o Ley de Utilidad Pública, mediante el cual se le permitió a que cumpliera su pena a través de la prestación de servicios comunitarios, sin que tuviera que pasar un solo día privada de la libertad.
Jennifer lo hizo con los servicios comunitarios prestados a través de la ONG Confraternidad Carcelaria de Colombia, una organización que promueve distintas iniciativas con personas privadas de la libertad y sus familias desde un enfoque de justicia restaurativa. Particularmente, estuvo apoyando a la organización en su trabajo con población vulnerable en un hogar de paso para adultos mayores y personas en situación de habitabilidad de calle en la ciudad de Armenia, Quindío.
“Yo creo que todas las personas cometemos errores y ningún ser humano está libre de cometerlo. Por eso necesitamos una segunda oportunidad. No se puede juzgar a nadie porque no sabemos qué necesidades tenga. Fue muy diferente a estar en una cárcel porque en mi caso yo pude estar con mi familia y ayudarla”, dijo Jennifer Andrea ya en libertad.
Con la decisión de la Jueza Cuarta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá-Quindío, Jennifer se convierte en la primera mujer que cumple su pena a través de la prestación de servicios comunitarios. Su caso es un testimonio vivo de los alcances y posibilidades de la justicia restaurativa con enfoque de género, pues a través del sustituto de utilidad pública, Yenifer tuvo la oportunidad de cumplir su pena aportando a la comunidad y manteniendo sus vínculos familiares intactos.
A la fecha, varias mujeres en todo el territorio nacional tienen la misma oportunidad de cumplir su pena a través de servicios comunitarios gracias a la ley 2292 de 2023 y la posibilidad que les han brindado los jueces de la república al concederles este sustituto de la pena.
“Tras algo más de 10 meses de la aplicación de la Ley de Utilidad Pública, hoy tenemos 59 mujeres que están haciendo servicios sociales en vez de estar privadas de la libertad. Jennifer Andrea es la primera mujer que paga su condena con servicios de utilidad pública. Por todo esto consideramos que resocializar es el camino”, precisó el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández.
