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Los últimos días de marzo de 1939 fueron la constatación de que la guerra civil española la estaba perdiendo el bando republicano. La imagen más clara se encontraba en los puertos y en los Pirineos por donde miles de personas huían cada semana.
Cuando el 1 de abril la radio anunció que las tropas de Franco habían alcanzado sus últimos objetivos, Sebastián Rodríguez -cuyo nombre ha sido modificado en este artículo para preservar la intimidad de la familia- recogió sus pertenencias y, junto a su mujer y sus hijos, partió rumbo a Francia.
Años más tarde, como miles de españoles, llegó a América Latina para comenzar una nueva vida lejos de la represión.
El pasado jueves entraba en vigor una ley en España que podría cambiar la situación de la familia de Antonio. La nueva Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Gobierno socialista, garantiza que puedan recuperar la ciudadanía española los descendientes de exiliados durante el régimen franquista.
Aunque no hay cifras exactas sobre cuántas personas podrían beneficiarse, en 2007, cuando se aprobó una legislación similar que ya no está en vigor, 70.000 latinoamericanos se convirtieron en ciudadanos españoles.