Se busca establecer si existían planes de riesgo y contingencia en las obras que pudieron agravar la emergencia.
Bogotá, febrero de 2026. News Press Service. Ante la grave tragedia ocasionada por las inundaciones registradas en el departamento de Córdoba, a lo largo de la cuenca del río Sinú, el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco, solicitó formalmente al procurador general de la nación, Gregorio Eljach, el ejercicio del poder disciplinario preferente, con el fin de esclarecer las causas de la emergencia, establecer posibles responsabilidades y proteger los derechos de las comunidades afectadas.
«El país no puede normalizar que tragedias como esta sigan ocurriendo. Las comunidades de Córdoba merecen verdad, responsabilidades claras y garantías de que su vida y sus derechos están por encima de cualquier falla institucional», señaló el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco.
La solicitud se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 277 de la Constitución Política y el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, que ordenan a las entidades responsables de obras civiles y prestación de servicios públicos realizar análisis específicos de riesgo y contar con planes de contingencia.
Estos instrumentos son obligatorios cuando las intervenciones pueden representar peligro para la vida y el entorno de las comunidades.
Asimismo, el ministro Idárraga pidió que se adelante la revisión técnica, administrativa y disciplinaria del estado de los estudios de riesgo y de los planes de contingencia, así como el análisis de eventuales responsabilidades de juntas directivas, operadores técnicos y demás actores que pudieron incidir en los hechos. También, solicitó la adopción de medidas preventivas, correctivas y, de ser el caso, sancionatorias.
También, en la misiva el ministro de Justicia al jefe del Ministerio Público, le dice que «solicito respetuosamente disponer lo necesario para poder Llevar a cabo el análisis de eventuales responsabilidades, tanto de la junta directiva como del operador técnico, y/o de quienes resulten presuntamente responsables, según se determine a partir de los hallazgos técnicos, administrativos y disciplinarios correspondientes»
Mediante esta solicitud se busca proteger la vida, los derechos de las personas afectadas y asegurar que hechos similares no se repitan en otras regiones del país.
El Gobierno continuará acompañando a las comunidades de Córdoba y trabajando de manera articulada con los organismos de control para que la respuesta del Estado sea transparente, rigurosa y efectiva.
