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Se conoció la decisión de la Corte Constitucional que ampara a los cuatro pueblos indígenas (Yaigojé Apaporis, Mirití Paraná, Pirá Paraná y Río Tiquié) del macroterritorio de Jaguares del Yuruparí, en el Amazonas.
El alto tribunal determinó que tanto la identidad como la pervivencia de estas comunidades están en riesgo debido a la contaminación de sus fuentes de agua por explotación de oro con mercurio.
Ahora, este miércoles 9 de abril, se dio una rueda de prensa en la que estuvieron presentes la ministra de Ambiente, Lena Estrada, así como el líder del Mirití Paraná, Antonio Matapí, y el Secretario General de la instancia del macroterritorio, Gonzalo Macuna.
“Estamos aquí porque hace dos días recibimos una sentencia de la Corte que nos da una línea muy específica al Ministerio de Ambiente, y es que debemos apoyar a este territorio que se ha encontrado vulnerable y desatendido”, dijo la jefe de cartera. “Esta sentencia es muy avanzada, la esperaron los pueblos indígenas durante muchos años. Es claro que estamos ante un momento histórico”.
Antonio Matapí, autoridad del territorio Mirití Paraná, expresó que el fallo de la Sala “no es solo para nuestro macroterritorio, es un camino que hemos trazado para que otros gobiernos indígenas también puedan avanzar. La sentencia es una herramienta jurídica para proteger la vida y nuestros conocimientos ancestrales”.
Estrada anunció que, por el momento, se está priorizando la primera orden dictada por la Corte: la de crear una una instancia de diálogo ambiental y sobre minería con la participación de diversas entidades y comunidades.
“Esperamos que de este diálogo intercultural se obtengan resultados importantes y consensos que materialicen las condiciones frente a las autoridades indígenas”, mencionó.
Además, a partir de esa mesa, agregó la ministra, se consolidarán todos los pasos a seguir, las fechas, metodologías y con quien se va a trabajar para cumplir las otras determinaciones del alto tribunal.
Entre esas órdenes se encuentra la de realizar un estudio sobre la contaminación de aguas en el macroterritorio. También está la de hacer un estudio de descontaminación que será liderado por el Minambiente y, según Estrada, estará acompañado por diversas instituciones científicas. Además, se coordinará de manera directa con las autoridades indígenas e involucrará sus sistemas de conocimiento tradicionales.
Por su parte, Gonzalo Macuna, el Secretario General, subrayó que este “es el momento oportuno para construir una política global, no solamente estamos hablando de las aguas del macroterritorio sino de toda la cuenca amazónica. Por eso hemos formalizado este escenario de diálogo, de concertación”.
Previo a la rueda de prensa se dio un espacio en el que se acordó iniciar un trabajo entre el Gobierno y la Instancia de Coordinación del macroterritorio, con el fin de construir un plan de acción compartido, que tenga un enfoque territorial, ambiental e intercultural.
Una deuda constitucional
Entre sus determinaciones generales, la Corte resaltó que se debe avanzar en la formalización de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura similar a la de un municipio y departamento que les permitiría a las comunidades ser parte de la estructura político administrativa del Estado.
Esto es algo que los pueblos indígenas han esperado desde que se promulgó la Constitución Política de 1991. Sin embargo, a la fecha, no se ha logrado. En el macroterritorio de Jaguares del Yuruparí se propone la consolidación de cuatro ETI, que abarcan 3.3 millones de hectáreas, 63 comunidades y 5.355 habitantes de 41 pueblos indígenas.
“Estamos organizados como gobiernos indígenas reconocidos. Nosotros tenemos muchas cosas que aportar al país y también tenemos la capacidad de coordinarnos, para que se cumpla ese pacto constitucional”, resaltó Macuna.
Al respecto, la ministra dijo que, aunque considera que la formalización de las ETI no son directamente responsabilidad del Minambiente (pues es el Ministerio del Interior el que debe liderarla), desde la cartera ambiental se “va a dar un paso hacia adelante” hacia ese propósito.
“Hay que reconocer que como Gobierno, constitucionalmente hemos tenido un trabajo que realizar desde la institucionalidad y tiene que ver con cómo esos otros gobiernos locales han avanzado hacia la consolidación de una estructura propia”, dijo Estrada.
De esa manera, la ministra invitó a los distintos sectores de la institucionalidad, en particular a los convocados en el marco de la sentencia (como el Mininterior y el Ministerio de Salud) a sumarse a estos esfuerzos.
“La Corte nos ha dado una hoja de ruta que es clara y es nuestro turno de demostrar que el Gobierno puede trabajar unido con los gobiernos indígenas como pares”.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
