El Gobierno avanzó como ningún otro en esta reforma: durante más de tres años siempre estuvo dispuesto al diálogo, impulsó su construcción y cedió en múltiples espacios de concertación. Es la quinta iniciativa presentada desde 2017 y la que más ha avanzado, pero se hundió por falta de voluntad política del Congreso
La defensa del statu quo y la desinformación, entre otros factores como los tiempos legislativos en época electoral, contribuyeron a que no se diera un debate franco de la reglamentación legislativa.
Se trata de una reforma necesaria para garantizar el acceso a la justicia de las comunidades rurales y cumplir el Acuerdo de Paz. Por ello, el Gobierno solicitó al Consejo Superior de la Judicatura evaluar mecanismos para su implementación inmediata.
El Gobierno insistirá en esta iniciativa y la presentará nuevamente en el próximo periodo legislativo.
Bogotá D.C., junio de 2026. News Press Service. A dos días del cierre de la legislatura, el proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria y Rural no alcanzó a completar su trámite en el Congreso de la República.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Justicia y del Derecho señalan que, pese a los esfuerzos realizados para sacar adelante una iniciativa fundamental para la implementación del mandato constitucional, no fue posible culminar los debates en las plenarias de Cámara y Senado ni surtir las respectivas conciliaciones, por lo que el proyecto será archivado.
Esta situación dificulta la implementación de una de las reformas más importantes para garantizar el acceso a la justicia de las poblaciones rurales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras, así como para cumplir los compromisos asumidos por el Estado colombiano en el Acuerdo de Paz de 2016.
Al concretarse el hundimiento del proyecto de ley, el país continúa sin una herramienta institucional indispensable para resolver de manera oportuna y especializada los conflictos agrarios que históricamente han afectado a las comunidades rurales.
Un proyecto construido a partir del diálogo y la concertación Desde la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2023, que creó constitucionalmente la Jurisdicción Agraria y Rural, el Gobierno Nacional impulsó un proceso amplio de construcción institucional basado en el diálogo y la participación.
Durante más de tres años se adelantaron mesas de trabajo con la academia, organizaciones campesinas, organismos de control, gremios y congresistas de todas las tendencias políticas.
Se sostuvieron múltiples espacios con la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura para discutir el diseño institucional de la nueva jurisdicción y definir sus competencias.
En aspectos centrales relacionados con las competencias de la Agencia Nacional de Tierras para la clarificación, recuperación y administración de baldíos, se aceptaron fórmulas adicionales de control judicial y mecanismos de revisión orientados a fortalecer las garantías del debido proceso y la seguridad jurídica.
Los acuerdos alcanzados en las Comisiones Primeras conjuntas de Cámara y Senado, en diciembre de 2024, demostraron la disposición permanente del Gobierno para construir consensos y superar diferencias.
Todas las observaciones fueron escuchadas, las preocupaciones fueron atendidas y el proyecto fue ajustado en múltiples ocasiones para incorporar propuestas provenientes de distintos sectores.
A pesar de estos esfuerzos, el Congreso no mostró voluntad política para avanzar en el trámite. La defensa del statu quo y la desinformación impidieron un debate de fondo.
El trámite de esta iniciativa estuvo acompañado por una combinación de maniobras dilatorias y campañas de desinformación que impidieron una discusión seria sobre el contenido real de la reforma.
Durante meses, el proyecto enfrentó rupturas reiteradas del quórum, inasistencias en momentos decisivos, modificaciones constantes del orden del día, dilaciones en el trámite de impedimentos y la presentación masiva de proposiciones que obstaculizaron su avance.
Paralelamente, se promovieron narrativas según las cuales la propuesta del Gobierno buscaba facilitar expropiaciones o generar inseguridad jurídica. Estas afirmaciones no corresponden al contenido del proyecto radicado ni a las ponencias positivas que resultaron del trámite legislativo.
Lo ocurrido durante este proceso de concertación e impulso legislativo evidencia la persistencia de sectores que se resisten a las transformaciones necesarias para democratizar el acceso a la tierra y a la justicia en el campo colombiano.
La ausencia de una jurisdicción agraria plenamente operativa favorece la continuidad de un modelo en el que los conflictos sobre la tierra permanecen sin solución durante años, se dificulta la recuperación de bienes públicos indebidamente ocupados y se mantienen las profundas desigualdades que históricamente han caracterizado la estructura agraria del país.
Una reforma necesaria para transformar la justicia rural La Jurisdicción Agraria y Rural fue concebida para garantizar que los conflictos sobre la tierra sean resueltos de manera especializada, eficiente y con seguridad jurídica.
Su ausencia perpetúa problemas estructurales que han acompañado al país durante décadas. Sin una jurisdicción agraria plenamente reglamentada, continúan las barreras para el acceso a la justicia de las comunidades rurales, persisten los obstáculos para resolver conflictos sobre la propiedad y la tenencia de la tierra, se dificulta la protección efectiva de los bienes públicos rurales y se mantienen limitaciones para la recuperación de baldíos indebidamente ocupados.
En consecuencia, el archivo de esta ley afecta principalmente a las comunidades rurales que esperan una justicia más cercana, especializada y efectiva. El mayor avance logrado por un gobierno en esta materia.
Esta es la quinta iniciativa presentada desde 2017 para reglamentar las competencias de la jurisdicción agraria y cumplir con el mandato del Acuerdo de Paz. Las anteriores fueron archivadas sin éxito.
Sin embargo, el Gobierno del Cambio logró avances que no habían sido alcanzados por administraciones anteriores. En 2023 impulsó y obtuvo la aprobación de la reforma constitucional que creó formalmente la Jurisdicción Agraria y Rural.
Posteriormente promovió la aprobación de la Ley 2570 de 2026, que establece la estructura básica de esta nueva jurisdicción y las reglas para la selección de jueces y magistrados con formación especializada en derecho agrario.
Nunca se había avanzado tanto en la implementación de este compromiso histórico con el campo colombiano.
No obstante, la jurisdicción permanecerá incompleta mientras no se apruebe la ley ordinaria que define sus competencias y procedimientos.
El Gobierno continuará impulsando esta transformación El Gobierno Nacional ratifica su compromiso con la implementación total de una jurisdicción agraria efectiva y plenamente operativa.
Los ministros de Justicia y del Derecho y de Agricultura y Desarrollo Rural presentaron ante el Consejo Superior de la Judicatura una propuesta para que esa corporación, en el marco de sus competencias, evalúe la posibilidad de implementar la Jurisdicción Agraria y Rural mediante la aplicación transitoria de las reglas residuales de asignación de competencias vigentes y de las normas sustanciales y procesales actualmente previstas en el ordenamiento jurídico.
Esto, sin perjuicio de la obligación que le asiste al Congreso de tramitar una ley ordinaria para reglamentar un procedimiento especial agrario y asignar de manera clara las competencias a la naciente jurisdicción, tal y como lo dispone el artículo 238A de la Constitución Política.
Esta solicitud se formula en armonía con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-099 de 2026, en la cual se reconoció la necesidad de garantizar la puesta en funcionamiento progresiva y efectiva de esta jurisdicción, de manera que inicie operaciones, a más tardar, en 2027.
De igual manera, el Gobierno Nacional presentará nuevamente una iniciativa legislativa a partir del próximo período ordinario de sesiones del Congreso de la República, con el propósito de que dicha corporación ejerza sus competencias constitucionales y legales para culminar el desarrollo normativo requerido y avanzar en el cumplimiento de esta responsabilidad histórica en materia de acceso a la justicia agraria y rural.
La discusión que hoy enfrenta Colombia trasciende a un gobierno y a un período legislativo.
Se trata de definir si el país está dispuesto a garantizar una justicia especializada para el campo, o si, por el contrario, continuará postergando una transformación institucional que las comunidades rurales han esperado durante generaciones.
Esta decisión representa un paso fundamental para fortalecer el acceso efectivo a la justicia, promover la seguridad jurídica en el ámbito rural y contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en los territorios.
