Bogotá, D.C., noviembre de 2025. News Press Service. El Gobierno nacional, a través de los Ministerios de Justicia y del Derecho y de Agricultura y Desarrollo Rural, hace un llamado al Congreso de la República para avanzar en la aprobación del proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria y Rural, una herramienta esencial para garantizar justicia especializada en los territorios rurales y saldar una deuda histórica con el campo colombiano.
Esta iniciativa, que será discutida en la Plenaria de la Cámara de Representantes, busca ofrecer una respuesta ágil, técnica y justa a los conflictos relacionados con el uso, la tenencia y la propiedad de la tierra.
El proyecto no modifica el marco jurídico vigente ni afecta la propiedad privada, sino que fortalece la institucionalidad existente con jueces especializados que comprendan las particularidades del mundo rural.
Para el Gobierno, Colombia necesita una justicia que entienda las dinámicas del campo, promueva la seguridad jurídica y contribuya efectivamente a la paz territorial.
Esta jurisdicción permitirá que jueces con formación y conocimiento en temas agrarios conozcan directamente los casos, generando decisiones más justas y coherentes con la realidad del sector.
Entre sus principales beneficios se destacan:
Seguridad jurídica para propietarios, poseedores y comunidades rurales.
• Prevención de conflictos y reducción de la violencia por disputas de tierras.
• Estímulo a la inversión en el campo, al ofrecer claridad y confianza en las relaciones agrarias.
• Fortalecimiento del desarrollo rural y la equidad territorial, pilares para consolidar la paz.
Ante algunas interpretaciones erróneas surgidas durante el debate legislativo, el Ministerio de Justicia aclara los principales puntos del proyecto:
• No promueve la expropiación: no crea nuevas causales ni mecanismos; la compra directa sigue siendo el método preferente dentro del marco de la reforma agraria.
• Protege la propiedad privada: al reforzar la seguridad jurídica en las zonas rurales.
Previene las invasiones de tierra: al ofrecer vías judiciales especializadas para resolver conflictos, evitando que los desacuerdos deriven en hechos de violencia.
•Fomenta la inversión rural: al garantizar certeza jurídica para los agentes del sector.
• No otorga nuevos poderes a los jueces: simplemente especializa sus funciones dentro del ordenamiento jurídico vigente.
El Ministerio de Justicia y del Derecho reafirma su compromiso con una justicia rural accesible, especializada y transparente, que contribuya al desarrollo agrario, la equidad territorial y la convivencia pacífica.
Este mecanismo de justicia constituye una herramienta clave para fortalecer el Estado social de derecho en los territorios rurales, y avanzar hacia un país más justo, incluyente y reconciliado.
