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Por coronel ® Carlos Alfonso Velásquez
Al mismo tiempo en que se está evidenciando el naufragio de la “paz total”, se cumplieron nueve años de haberse firmado el Acuerdo del Colón que marcó el final que se le quiso dar al conflicto político violento con las Farc. Y esto, por supuesto, ha dado pie para que vuelvan a aflorar distintas elaboraciones buscando responder al porqué no se ha alcanzado la anhelada paz en el país. Algunas de ellas las escuché en un evento que organizó la fundación “Acordemos” en las que hubo un común denominador: las falencias y vacíos en el control territorial de las áreas más rurales del país, observación esta que se viene haciendo de tiempo atrás.
Lo cierto es que la “paz total” naufragó principalmente porque se quiso sustituir el ejercicio del control territorial del Estado para que impere la ley y el orden, por la ilusión de que las mesas de negociación podían resolver lo que en el fondo es un problema de ausencia institucional frente al avance del crimen organizado y los consecuentes vejámenes sobre las poblaciones y sus economías legales e ilegales. Espurio control que además facilita el reclutamiento de menores fruto del aburrimiento en que viven en los territorios muchos adolescentes que no encuentran actividades familiares, educativas, deportivas o culturales con las cuales distraerse, lo cual abre el espacio a la atracción que ejercen sobre ellos las ofertas de dádivas y dinero que les hacen los grupos criminales. Por esto, ha venido aumentando la muerte de niños en bombardeos de la Fuerza Pública, muertes estas que no se hubieran dado si hubiese existido la suficiente inteligencia humana que se deriva de un adecuado control territorial por parte del Estado.
De cualquier manera, la inseguridad que viven varias poblaciones a lo largo y ancho de la geografía nacional está determinada por las dinámicas de los grupos armados en función del objetivo primordial de sostener y ampliar su gobernanza criminal en medio de los diálogos y negociaciones con el Gobierno.
Ahora bien, el Ejército, está viviendo una crisis de identidad con la consecuente desmotivación, por la imprecisa redefinición de las amenazas a combatir y sus “modus operandi”, lo cual se traduce en un aumento de la inseguridad. Además, la necesidad de mantenerse como una fuerza móvil para evitar rutinas que les haga vulnerables a ataques de las ex guerrillas, les impide la permanencia en cercanías a los cascos urbanos para lograr la confianza de la gente y así ganar la batalla local de la inteligencia. Todo lo cual sumado a la insuficiencia numérica de la policía y la movilidad de los escuadrones de carabineros completan el cuadro de la inseguridad en los territorios más rurales.
Dicho lo anterior hay que dar un viraje en la estructura de la Fuerza Pública para mejorar ostensiblemente la seguridad desdoblando buena parte del Ejército y en menor grado la Policía para crear una tercera fuerza: una Guardia Rural dedicada exclusivamente a las regiones apartadas más afectadas por la inseguridad. De esta manera se facilitará concentrar la Policía en las ciudades y municipios más poblados para incrementar la seguridad ciudadana y también se podrá reorganizar y reentrenar al Ejército como fuerza exclusivamente militar para atender solo las amenazas que ameriten ser combatidas con la movilidad y letalidad características de la institución castrense.
Una Guardia Rural es pues el tipo de respuesta institucional faltante para el control territorial. Su doble naturaleza civil y militar con características doctrinales y operacionales a la vez versátiles y específicas hacen de esta, el tipo de Fuerza Pública más eficiente frente a los principales retos a la seguridad pública rural. Retos que no han sido adecuadamente enfrentados ni por la Policía por defecto, ni por el Ejército por exceso (ej: bombardeos). Aún más, una Guardia Rural está en capacidad de ejercer suficientes medidas preventivas que salvaguarden los derechos de la población civil, yendo más allá del freno temporal a la amenaza como lo trata de hacer el Ejército. Y digo “trata” porque este no ejerce control territorial permanente. En cambio, como una Guardia Rural es una especie de policía con estatuto militar, puede dedicarse permanentemente a la territorialidad asignada interactuando con las comunidades y autoridades civiles en la provisión de un ambiente seguro bajo el imperio de la ley y el orden.
Lo cierto es que si se crea una Guardia Rural se facilita reorganizar al Ejército como fuerza exclusivamente militar, incrementando su capacidad operacional frente a verdaderas amenazas a la seguridad nacional. Aún más, esta propuesta incluida en el proyecto político que le estoy ofreciendo a los colombianos es implementable sin erogaciones presupuestales extraordinarias mediante el desdoblamiento de buena parte del Ejercito y de la Policía más militarizada, no solo en personal sino también en armamento y aspectos logísticos incluyendo cuarteles.
