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Por: Luis Fontalvo Prieto
La reforma tributaria propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro introduce elementos de una nueva cultura impositiva empezando por corregir mediante el dialogo y la persuasión el absurdo de quienes menos tienen, son los que más tributan. Los que más tienen estando precisados a tributar más, manifiestan su preocupación de que el gasto público no vaya a parar a los bolsillos de los corruptos y llegue a las comunidades. Esta es una preocupación justa que obliga a replantear el manejo del dinero público a partir de esta realidad “lo que es de todos, lo debemos cuidar todos” La inoperancia de los órganos de control frente a los permanentes escándalos de corrupción ha llevado al ciudadano a pensar cuando paga los tributos que está alimentando a una clase de corruptos que monopoliza el poder, entonces, suele musitar: “esta platica se perdió”. El presidente Petro se conoce como un servidor público implacable contra la corrupción, ha advertido que la corrupción no conoce ideologías, el gobierno del cambio por la vida tiene que atacar la dejadez conformista generando factores culturales de pertenencia y cuidado de lo público con una pedagogía vigorosa y permanente, especialmente, dirigida a los futuros ciudadanos para hacerlos conscientes de lo que representa el recaudo y el gasto para la realización de los derechos. La Constitución del 91 promulgó el tránsito hacia una democracia participativa, el Congreso mediante sucesivas reformas ha pretendido devolvernos al camino anterior, en sentido contrario y acorde con el espíritu de la Carta vigente, el actual Congreso debe legislar para la participación en el cuidado de las finanzas públicas permitiendo que la ciudadanía conozca las fuentes y los montos del recaudo, los canales de distribución del gasto e implantando métodos eficaces para que el ciudadano corriente pueda verificar el destino final de cada moneda que paga en tributos. Los órganos de control que nacieron bajo la enseña de gobiernos representativos han sido superados por la corrupción y mientras logran 2 ajustarse a las nuevas realidades se precisa inyectar pueblo al manejo del dinero público. Ese fracaso se ha visto agravado por los resultados negativos del modelo económico que sometió todo a las leyes del mercado. Los contratos con particulares para la prestación de los servicios públicos fueron convertidos en la única herramienta de gestión y terminaron siendo la fuente principal de la corrupción, las normas contractuales, las interventorías e incluso las veedurías resultaron débiles e ineficaces para contener la corrupción. La corrupción sobre la adjudicación y la ejecución de los contratos que es donde se concentra la inversión y la gestión públicas sugieren volcar sobre esa materia el mayor control de la ciudadanía obligando a las autoridades y a los contratistas a ser informada con medios más eficaces que los usados hasta ahora sobre las especificaciones de la contratación y disponiendo de acciones públicas para garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones de cada contrato. Los verdaderos cambios de las instituciones se reflejan en la mente de las personas y la cultura es la única generadora de esos cambios a través de la educación y los medios de comunicación. Los colombianos estamos abocados a superar la desigualdad para alcanzar la paz como presupuestos para la generación de riqueza y bienestar, el camino es la educación y la cultura, llevar a las escuelas por medio de un esfuerzo pedagógico adecuado y consensuado con los padres, las conclusiones de la comisión de la verdad para empezar a desterrar el odio e infundir el respeto por la vida y por el otro, es un esfuerzo acertado y digno de imitar para lograr que la dignidad se haga costumbre. Un acto de corrupción que priva a los seres del agua o el alimento es tan criminal como un falso positivo o una masacre. También, es la hora de un esfuerzo pedagógico unánime desde la escuela para generar una cultura tributaria que rechace la corrupción, haga conciencia de que el recaudo es propiedad de todos y enseñe las formas de vigilar que el gasto público cumpla su objeto. Lo que es de todos, lo cuidamos todos.
