Irene Vélez, ministra de Minas y Energía en entrevista para el diario EL PAÍS, en Bogotá. / JUAN FELIPE RUBIO
Bogotá. Enero 2023. News Press Service. El debate sobre la transición energética en Colombia ha subido de tono desde que la viceministra de Minas, Belizza Ruiz señalara que se va a dejar de explorar para identificar nuevos yacimientos de petróleo y gas.
Estas afirmaciones que han sido avaladas por la titular de la cartera, Irene Vélez y el presidente Gustavo Petro, han tenido impacto económico impulsado por la devaluación del peso y también han llevado la discusión pública a un punto desde el cual pareciera que todo se reduce a dos opciones.
Primero abandonar los hidrocarburos inmediatamente, cuando se acaben los contratos existentes, con consecuencias retadoras en lo energético y lo económico; y segundo continuar explotando y mantener los hidrocarburos como sustento de las exportaciones hasta que las reservas se acaben, con consecuencias graves a nivel climático, y también económico.
Lo último, junto a la marea de concienciación climática global, ha creado el consenso de que la transición energética tendrá que ser una realidad. Sin embargo, la fijación del debate en el futuro de los contratos de exploración está relegando muchas otras cuestiones igual de importantes para la eventual transición.
Por el momento, los principales argumentos han sido económicos o ambientales. Unos señalan, muy válidamente que, ya que Colombia es tan dependiente del petróleo -las exportaciones de este producto han promediado un 40% del total del valor de las exportaciones en los últimos años-, si se dejara de exportar las cuentas nacionales se derrumbarían irremediablemente. En contraste, otros señalan, también con validez, que seguir explotando hidrocarburos tendría un impacto climático negativo en un momento clave y aseguran que acelerar la descarbonización tiene sentido económico porque esta es una meta global, por lo cual la demanda mundial de esos productos tenderá a disminuir.
El proyecto más sensato probablemente se encuentra en algún lugar entre estas dos opiniones, un sitio donde otros factores también entran en juego. Esto ha quedado patente esta semana, con la polémica que ha generado el deficiente informe utilizado por el ministerio de Minas para justificar su decisión –confirmada, desmentida, reconfirmada y vuelta a ser puesta en duda- de frenar las nuevas exploraciones de gas o petróleo.
Como dejaron claro quienes salieron a señalar los problemas del informe, éste no mide el impacto fiscal de este escenario, no proyecta la variación de la demanda a nivel nacional e internacional, ni se preocupa por el impacto económico local en las comunidades en donde se encuentran las explotaciones actuales. Además, basa el cálculo de los años que durarían las reservas actuales en supuestos muy optimistas.
A la hora de diseñar un plan de transición realista todas estas variables tendrán que ser tomadas en cuenta. No es solamente, como parece indicar el debate general, permitir o no las nuevas exploraciones de hidrocarburos. La transición energética, como indica su nombre, implica moverse de una fuente de energía a otra, así que también se debe planear qué fuentes de energía, y cómo, van a suplir el hueco del petróleo y el gas con tal eficiencia, económica y energética, que podrán abastecer la creciente demanda del país.
El Pais
