Por Alberto Restán Hincapié
Bogotá, diciembre de 2024. News Press Service. Los derechos humanos en Colombia deben garantizar la vida de toda la población y para esos efectos se deben establecer garantías en todos los aspectos, especialmente de respeto y acceso al trabajo digno.
Orlando Ricaurte, director de derechos humanos de Amnistía Internacional para Suramérica, ha dicho que en nuestro país es urgente establecer políticas de apoyo de derechos a poblaciones raizales, indígenas, niños, adultos mayores, a mujeres cabeza de hogar, porque de acuerdo con sus palabras “diariamente se vulneran sus derechos”.
Expresó que la situación es más grave en regímenes como los de Venezuela y Nicaragua, que no respetan los derechos humanos y se abstienen de investigar violaciones con repercusiones adversas en términos políticos y de relaciones internacionales.
Recordemos que la mayoría de los países americanos carecían de sistemas sólidos de protección de las personas defensoras de los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad respondían con fuerza ilegítima a las manifestaciones pacíficas. Las autoridades seguían violando el derecho a la vida, a la libertad, a un juicio justo y a la integridad física, y la detención arbitraria era una práctica generalizada.
La violencia de género seguía estando muy arraigada en toda la región, y las autoridades no abordaban la impunidad de estos delitos ni protegían a las mujeres, las niñas y otros grupos de población que corrían peligro de sufrir discriminación y violencia.
Los avances logrados en años anteriores en relación con la ampliación del acceso al aborto seguro sufrieron un notable revés en toda la región, incluso en países donde este procedimiento se había despenalizado.
Las personas LGBTI seguían siendo objeto de persecución generalizada y encontrando obstáculos para obtener reconocimiento legal.
Los pueblos indígenas continuaban viéndose desproporcionadamente afectados por las violaciones de derechos humanos y sufrían discriminación. En algunos países se negaba el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, especialmente en relación con proyectos de gran envergadura.
Las devastadoras crisis políticas, humanitarias y económicas en las que estaba sumida toda la región de las Américas provocaron un acusado aumento del número de personas que abandonaban su país de origen en busca de seguridad.
En varios países las autoridades no respetaban ni protegían los derechos de las personas refugiadas y migrantes, cuya creciente afluencia se gestionaba cada vez más mediante el uso de la fuerza militar.
La impunidad de las violaciones de derechos humanos y de los crímenes de derecho internacional seguía siendo generalizada, y muchos países continuaban eludiendo el escrutinio internacional.
Sin embargo, no todo fue negativo. Pese al panorama sombrío, los defensores y defensoras de los derechos humanos y otros actores que alzaban la voz en favor de la protección de esos derechos en toda la región de las Américas ahora luchan —en un clima de creciente adversidad— para lograr cambios estructurales, con vistas a crear una región más justa e igualitaria para todas las personas.
