Bogotá D. C., junio de 2025. News Press Service. El ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre Lynett, expidió dos resoluciones por medio de las cuales designó los 10 integrantes de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado Colombiano, una instancia permanente que hace parte del Consejo Superior de Política Criminal.
Esta comisión, creada por el artículo 19 del Decreto 2055 de 2014, tiene como objetivo brindar asesoría técnica al Gobierno nacional en la formulación, evaluación y seguimiento de la política criminal del Estado. Está integrada por expertos académicos de reconocida trayectoria en áreas como derecho penal, criminología, derecho constitucional, economía, sociología y educación.
Los nuevos integrantes designados son:
- Rocío del Pilar Peña Huertas, abogada, doctora en Derecho y profesora emérita de la Universidad del Rosario, y especializada en justicia transicional, propiedad agraria y derechos humanos con enfoque de género, entre otros temas.
- Yessika Hoyos Morales, abogada defensora de derechos humanos, especialista en Filosofía del Derecho y Derecho Penal y activista sindical, con trayectoria en litigio nacional por graves violaciones a los derechos humanos.
- Aura María Cárdenas Paulsen, doctora en Derecho, investigadora, docente y consultora experta en derecho constitucional, comparado y justicia transicional.
- María Camila Moreno Múnera, antropóloga con más de 30 años de experiencia en derechos humanos, justicia transicional y procesos de paz en Colombia y a nivel internacional.
- Julio César Ortiz Gutiérrez, abogado y académico experto en derecho constitucional, con amplia trayectoria docente e investigativa en la Universidad El Externado y reconocimientos internacionales.
- Francisco Bernate Ochoa, doctor en Derecho, abogado penalista con amplia experiencia docente, litigante y consultor en derecho penal y cumplimiento normativo.
- Mauricio Cristancho Ariza, abogado y doctor en Derecho con sólida formación en derecho penal y criminología, investigador y docente en múltiples universidades del país.
- Sebastián Machado Ramírez, doctor en Derecho Internacional investigador y académico con experiencia en asesoría estatal en temas
- internacionales.
- Martha Cecilia Abella de Fierro, abogada con formación en Derecho Administrativo, Derecho Público e Historia, es académica e investigadora con amplia experiencia en la docencia universitaria y en la gestión educativa.
- Alejandro David Aponte, jurista y doctor en Derecho Penal y Filosofía del Derecho, con amplia experiencia en justicia nacional e internacional. Actualmente se desempeña como conjuez de la Sección de Reconocimiento del Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Estas designaciones se realizan de manera ad honorem y por un periodo de dos años, prorrogable según lo disponga el ministro de Justicia y del Derecho, tal como lo establece el Decreto 2055 de 2014.
