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Agencias
La investigación sobre el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, da detalles que apuntan a una planeación meticulosa y a una organización criminal con jerarquía detrás de los hechos.
Así lo confirmó el director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, en entrevista con Semana, donde aseguró que ya se tienen identificadas varias piezas clave de la estructura que ejecutó el ataque.
Según el uniformado de la Policía, se trata de un caso típico de “outsourcing criminal”, donde estructuras ilegales son contratadas para llevar a cabo acciones violentas. En este caso, la organización que ejecutó el atentado estaría vinculada no solo al narcotráfico, sino también a homicidios por encargo.
Uno de los elementos más contundentes para los investigadores fue la ubicación de dos vehículos que estuvieron involucrados en las labores de seguimiento al senador. A partir de estos elementos, se logró individualizar a varias personas y concretar una primera captura: un colombovenezolano que participó en reuniones previas donde se dieron las instrucciones para el atentado.
La Policía también identificó a un posible líder de esta célula, conocido con el alias de “Chipi”, quien sería la persona encargada de dar órdenes directas a los ejecutores del ataque. Su paradero es desconocido, pero ya se emitió orden de captura y su búsqueda se considera prioritaria.
¿Disidencias de Iván Márquez, involucradas en ataque a Miguel Uribe?
Una de las hipótesis que más fuerza ha cobrado en los últimos días es la posible participación de disidencias de las Farc, particularmente la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez.
Esta línea investigativa se fundamenta, entre otras cosas, en el rastro dejado por alias “Gabriela”, una mujer implicada en el caso que fue capturada en Florencia, Caquetá, zona de fuerte presencia disidente.
“Hoy está a disposición de la Fiscalía y se está avanzando con más elementos de información que muy seguramente va a entregar. Lo que yo dejo entrever es ¿por qué se fue a Caquetá? ¿Por qué hacia ese destino?”,, afirmó Triana en la mencionada entrevista.
Al ser consultado sobre esta posibilidad, el general Triana aseguró: “Nada es descartable, absolutamente nada. Eso forma parte de las investigaciones. Estamos avanzando precisamente para establecer los autores intelectuales”.
Según el reporte de la revista, alias “Gabriela” tenía planes de internarse en las selvas del Caquetá, lo que refuerza la conexión con grupos armados ilegales que operan en esa región. La Policía activó la línea 157 para recibir información ciudadana y ha logrado obtener datos que están siendo analizados y validados.
Advertencia para autores del atentado contra Miguel Uribe
La Fiscalía y la Policía han logrado recopilar un cuerpo probatorio que incluye videos, declaraciones de testigos y evidencias técnicas. Entre los hallazgos se destaca el uso de una pistola Glock 9 mm, comprada legalmente en el estado de Arizona, Estados Unidos, en 2020, e ingresada de forma irregular a Colombia.
Además, se confirmó que el atacante que disparó contra el vehículo del senador fue un menor de 14 años, quien ya fue aprehendido. Junto a él, otros dos adultos han sido procesados por su participación directa en el hecho. Según las autoridades, varios de los implicados ya tenían antecedentes criminales o conexiones entre sí, lo que sugiere la existencia de una red con historia operativa.
El general Triana reiteró que el foco ahora está en los autores intelectuales. “Vamos por un camino para encontrarlos. Con la capacidad de la Policía puesta a disposición de este caso, vamos a llegar a la intelectualidad”, agregó.
La Fiscalía avanza también en un posible principio de acuerdo con Katerine Andrea Martínez, alias “Gabriela”, quien podría convertirse en testigo clave a cambio de beneficios judiciales.
Este atentado, que por fortuna no dejó víctimas fatales, ha generado gran preocupación en los sectores políticos del país.
El Gobierno Nacional ya ofreció una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que permita esclarecer los hechos y se ha reforzado la seguridad de varios dirigentes.
El caso Uribe pone nuevamente en evidencia la peligrosa convergencia entre el narcotráfico, el sicariato y las estructuras armadas ilegales que siguen operando en varias regiones del país. La posibilidad de que disidencias estén detrás del atentado representa un nuevo reto para la seguridad urbana y la protección a figuras políticas en Colombia.
