- Tomado de El Tiempo
- News Press Service
- Durante los primeros días de la pandemia, algunos creían que el covid-19 podría resultar negativo para los grandes grupos de crimen organizado como la MS-13 y el cartel de Sinaloa. Los confinamientos mantenían a las personas en sus casas, sofocando tanto el comercio legal e ilegal. En promedio, la recesión subsecuente golpeó a las economías latinoamericanas más fuerte que a ninguna otra en el mundo, lo que significó menos dinero en los bolsillos de todos. A medida que los gobiernos movilizaron fondos y personal para hacer frente al desafío, se habló de un nuevo nivel de participación que podría fortalecer los vínculos entre los ciudadanos y el Estado, posiblemente expulsando a las organizaciones criminales transnacionales (OCT) en algunas zonas.

La pandemia puede ser a la larga un punto de inflexión por el cual se aceleren aún más las desafortunadas tendencias delictivas y de seguridad de los últimos tres deceniosTCG
Un
año más tarde, sabemos que eso no es lo que está pasando. La capacidad
operacional, la adaptabilidad, las redes expansivas y los bolsillos profundos
de las OCT les han proporcionado oportunidades para explotar los vacíos dejados
por las desbordadas instituciones y por las estresadas cadenas de mercado en
toda la región.
Aunque todavía es demasiado pronto para evaluar cualquier cambio duradero o
persistente, las OCT
están mostrando signos de adaptación e incluso de fortalecimiento en numerosos
aspectos, algunos de ellos sorprendentes.
De hecho, la pandemia puede ser a la larga un punto de inflexión por el cual se
aceleren aún más las desafortunadas tendencias delictivas y de seguridad de los
últimos tres decenios. La cuestión es qué pueden hacer los gobiernos para
impedirlo.
Dónde hemos estado
Incluso antes de que se desatara la pandemia, América Latina y el Caribe albergaba algunos de los grupos criminales más dominantes, adaptables y violentos del mundo. Desde la década de 1990, han evolucionado de estructuras criminales altamente centralizadas y jerárquicas a redes criminales expansivas y ágiles que se dedican a una amplia gama de actividades ilícitas. Hoy en día, gestionan diversos portafolios ilícitos que abarcan desde el tráfico de drogas, seres humanos, armas, minerales y otros productos ilegales hasta la extorsión, el secuestro con fines de obtener un rescate, el delito cibernético y el blanqueo de dinero.
Las antiguas insurgencias colombianas y peruanas resistieron a las fuerzas de seguridad de los gobiernos y se convirtieron de facto en OCT con alcance mundial y amplios portafolios ilícitos.
Esos
grupos también han pasado de ser empresas criminales enfocadas principalmente
en el hemisferio y que funcionaban con dinero en efectivo a redes delictivas
mundiales que están profundamente vinculadas a los sectores público y privado a
lo largo y ancho de la región.
La historia reciente ilustra su enorme resiliencia. En Suramérica, las naciones
andinas de Bolivia, Colombia y Perú siguen siendo importantes productores de
cocaína pese a décadas de políticas de erradicación. Las antiguas insurgencias
colombianas y peruanas resistieron a las fuerzas de seguridad de los gobiernos
y se convirtieron de facto en OCT con alcance mundial y amplios portafolios
ilícitos. Tras la desmovilización de los paramilitares colombianos en 2006, las
bandas criminales o bacrim surgieron como parte de una tercera evolución de las
organizaciones de tráfico ilícito que eran mucho más expansivas y diversas que
sus predecesoras. De
acuerdo con InSight Crime, una organización que estudia la seguridad ciudadana
en América Latina, Colombia está experimentando una cuarta generación de
empresas criminales que poseen una enorme perspicacia empresarial, una mayor
sofisticación tecnológica y son mejores tanto para mezclarse con la sociedad
como para fusionar los negocios legítimos con actividades ilícitas.
En
Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha convertido al país en un importante
centro de distribución de drogas que salen de la región con destino a Estados Unidos,
África occidental y Europa. El ‘cartel de los Soles’ es una importante
organización de tráfico de drogas compuesta en gran parte por miembros del
ejército venezolano. Venezuela también actúa como una importante fuente de
tráfico sexual en el hemisferio.
El Primer Comando de la Capital (PCC), con sede en São Paulo, ha ampliado su
huella más allá de las fronteras de Brasil para participar en mayor medida en
el movimiento internacional de estupefacientes ilícitos que salen del Cono Sur.
Los carteles de drogas mexicanos siguen siendo algunos de las más penetrantes y
poderosas OCT del mundo. Entre ellos, el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco
Nueva Generación, el cartel del Golfo y el cartel de Los Zetas operan en todo
el mundo y son responsables de más de 61.000 desapariciones forzadas y muchas
más muertes desde la década de 1960. Para finales de 2020, México iba camino de tener el
año más violento de su historia, con más de 40.000 asesinatos y una tasa
prevista de homicidios superior a 27 por cada 100.000 habitantes. El reciente arresto y posterior
liberación del exsecretario de la defensa de México, el general Salvador
Cienfuegos Zepeda, pone de manifiesto lo arraigadas que están las
organizaciones criminales dentro del Estado mexicano.
En Centroamérica, bandas como la MS-13 (mara Salvatrucha) y Barrio 18 (la
Pandilla Callejera 18) sobrevivieron a casi dos décadas de políticas
gubernamentales de línea dura destinadas a desmantelarlas, y —quizás debido a
esas políticas— las pandillas siguen proliferando con más de 50.000 miembros a
lo largo de El Salvador, Honduras y Guatemala.
Lo que está pasando
Ahora,
debido a la pandemia, las OCT se están expandiendo a otros sectores, incluyendo
aquellos que el Estado está simplemente demasiado abrumado para manejar.
Los grupos criminales han estado
proporcionando una especie de gobernanza en áreas virtualmente abandonadas por
las instituciones estatales.
Por ejemplo, en
Centroamérica las pandillas se encargaron de hacer efectivos los confinamientos
gubernamentales y de distribuir los suministros de alimentos a las personas en
sus comunidades. En
México, varios grupos criminales, como la organización del ‘Chapo’ Guzmán y el
cartel Jalisco Nueva Generación, han estado repartiendo alimentos a las
comunidades que controlan como una manera de ganar legitimidad pública. En
Brasil, las pandillas de varias favelas de Río de Janeiro impusieron toques de
queda y distanciamiento social a los residentes y a las tiendas locales, a la
vez que repartían artículos sanitarios, suministros médicos y alimentos. Si los
ciudadanos siguen recurriendo a los grupos delictivos para la prestación de
servicios, los gobiernos se verán obligados a pagar un alto precio para
desalojar a estos grupos una vez que la pandemia desaparezca.
El covid-19 también está creando nuevas
oportunidades económicas para estos grupos. A medida que la recesión empuja a
más latinoamericanos a las sombras de la economía informal, el comercio de productos ilegales
y mercancías ilícitas puede llegar a ser aún más rentable. Por ejemplo, ha
habido un aumento del tráfico de suministros médicos: desde mascarillas
quirúrgicas, desinfectante de manos y productos desinfectantes hasta equipos
terapéuticos y kits de pruebas. Recientemente, el secretario general de
Interpol, Jürgen Stock, advirtió que los grupos criminales planeaban
infiltrarse en las cadenas de suministro de vacunas.
Antes
del covid-19, ya había más de 20 millones de ‘ninis’ (jóvenes que no trabajan
ni estudian) en A. Latina. Los
grupos criminales pueden convertirse en su única oportunidad de supervivencia.
Las dificultades económicas están creando una “epidemia paralela” de angustia emocional, que aumenta la demanda mundial de sustancias psicotrópicas, muchas de ellas fuertemente reguladas o totalmente ilegales. Las OCT están encontrando un mercado más demandante y expansivo con instituciones más débiles. Algunos países como Brasil pueden surgir como nuevos actores transnacionales decisivos en la circulación de productos ilícitos, dada la interrupción de las actuales vías de circulación y la nueva demanda en lugares como Europa.
Ahora
bien, la mayoría de las subregiones de América
experimentarán la consolidación de las redes ilícitas transnacionales ya
existentes en ellas. Es
posible que en los Andes aumenten los cultivos ilícitos, ya que se convertirán
en una de las fuentes de ingresos más seguras para los campesinos y
agricultores locales.
Los costos sociales de la pandemia serán
enormes, especialmente si se tiene en cuenta que las economías de la región tal
vez no se recuperen plenamente a los niveles que existían antes de la pandemia
hasta el año 2025, según el Fondo Monetario Internacional. Según el Banco Mundial, antes del
covid-19, ya había más de 20 millones de ‘ninis’ —jóvenes que no trabajan ni
estudian— en América Latina. Para miles de jóvenes, la participación en grupos
criminales puede convertirse en la única oportunidad de supervivencia.
Cómo detenerlo
Muchos
gobiernos nacionales reaccionarán al creciente poder de las OCT, y a la
subsiguiente indignación pública, reorientando recursos para expandir las
instituciones de seguridad. Otros
gobiernos pueden verse obligados a negociar con organizaciones criminales,
práctica que ya se realiza en El Salvador y que es común en los niveles subnacionales, en los cuales
los gobiernos locales son débiles. Este tipo de negociaciones parecerán
políticamente convenientes, especialmente en los países que tengan elecciones
en los próximos 18 meses, pero si no se aplican las restricciones
institucionales apropiadas y no se realizan mejoras en las instituciones
claves, esas respuestas rara vez han tenido éxito en el pasado.
Cualquier respuesta gubernamental
verdaderamente eficaz debe hacer frente a las devastadoras consecuencias
económicas de la crisis sanitaria, la erosión de la capacidad del Estado y el
colapso de la legitimidad institucional. Los gobiernos deben cavar hondo y encontrar la
voluntad política para ampliar la lucha contra la impunidad, la corrupción
generalizada y la falta de capacidad institucional. Deben profundizar las
reformas estructurales en instituciones claves tales como la administración de
justicia, las fuerzas policiacas nacionales y locales, y mejorar la capacidad
de ofrecer a sus ciudadanos servicios vitales tales como la educación y la
salud pública. Sin esfuerzos amplios de reforma de las instituciones de
rendición de cuentas y sin un esfuerzo sostenido de inversión en capital
humano, cualquier esfuerzo tradicional centrado en la seguridad fracasa.
Las inversiones sustanciales en capital humano y social deben ir acompañadas de
una mayor rendición de cuentas de las instituciones políticas. La regresión
autoritaria a la que se enfrentan ahora varios países sin duda empeorará las
crisis desatadas por la pandemia. Por lo tanto, para hacer frente a las organizaciones criminales
transnacionales bajo estas circunstancias es preciso que la capacidad de
recuperación de la gobernanza democrática sea mayor que la resiliencia de los
grupos criminales profundamente arraigados en la región.
La lucha contra las OCT es una problemática mundial que exige una colaboración
multilateral más significativa por parte de los países de dentro y fuera del
hemisferio.