El Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS aprobó por unanimidad el proyecto que permita eliminar los contaminantes de las aguas de la cuenca Otún – Consoca.
El Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con la gestión ambiental, para mejorar el indicador de tratamiento de aguas residuales urbanas en el país.
Bogotá D.C., mayo de 2025. News Press Service.- El Gobierno nacional asumirá la cofinanciación del 58% del proyecto para la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Residual para las ciudades de Pereira y Dosquebradas, luego de recibir el aval fiscal por unanimidad por parte del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS.
Se trata de un proyecto cuyo valor está estimado en $462.372 millones, que beneficiará a 623.922 habitantes y aportará 1,13 puntos porcentuales al indicador nacional de aguas residuales urbanas tratadas, que cuenta con concepto técnico favorable del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
De esta manera, el Gobierno del Cambio continúa con los esfuerzos que buscan reducir la contaminación de las fuentes hídricas por los vertimientos municipales y proteger a las poblaciones ubicadas aguas abajo.
La viceministra de Agua y Saneamiento Básico (e) Mónica Garzón Rodríguez explicó que con este proyecto se intervendrá una de las diez cuencas más contaminadas del país, que tiene un caudal de 1,7 m³/s, equivalente al 4,6% del total de aguas residuales sin tratar que se vierten anualmente en el país.
“Este aporte está en plena consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que se centra en «Agua limpia y saneamiento», específicamente con la meta 6.3, la cual establece que para el año 2030 se debe lograr que un porcentaje significativo de las aguas residuales sea tratado de manera segura antes de su vertimiento o reutilización.
La entrada en operación de la PTAR no solo contribuirá a la reducción de la carga contaminante en la cuenca Otún-Consota, sino que también permitirá avanzar en las metas establecidas en el Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales (PMAR) 2020-2050, elevando la cobertura de tratamiento de aguas residuales al 68,6% para el año 2030.
