El mandatario defendió la legalidad de los incentivos tributarios aplicados en Cundinamarca y mostró que el bajo recaudo en Bogotá no es consecuencia de una estrategia departamental.
Aseguró que la matrícula de vehículos nuevos en Cundinamarca aumenta debido al registro de motocicletas, puesto que Bogotá, conscientemente, desincentivó su inscripción.
Los vehículos que requieren matrícula de servicio público evitan hacerlo en Bogotá porque es el único lugar del país donde, por la Ley 488 de 1998, deben pagar impuesto.
A diferencia de lo que ha advertido Bogotá, en vez de disminuir la matrícula de automóviles, camionetas y camperos, esta aumentó un 34 % y crece al doble del ritmo que registra Cundinamarca.
Bogotá, noviembre de 2025. News Press Service. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, rechazó la medida anunciada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que impondría pico y placa dos sábados al mes a los vehículos no matriculados en la capital.
En entrevista con El Tiempo, el mandatario afirmó que la decisión “no fue socializada ni discutida con el departamento ni los municipios, y se basa en una lectura superficial y poco rigurosa del comportamiento del número y tipología del parque automotor existente en la región, así como del componente normativo que la regula”. Y agregó: “Esta decisión nos tomó por sorpresa. No hubo mesas técnicas, no hubo análisis conjunto, y eso afecta la confianza regional”.
Rey Ángel sostuvo que Bogotá parte de una interpretación simplificada al atribuir su caída en recaudo a vehículos matriculados en Cundinamarca. Las cifras, dijo, muestran otra realidad: entre enero y octubre de 2025, en comparación con el mismo período de 2024, Bogotá pasó de 31.945 a 42.895 matrículas.
Sin embargo, su recaudo por impuesto de vehículos cayó de $1,2 billones a $1,1 billones en ese mismo lapso: “Bogotá crece 34 % en matrículas, pero recauda menos. Eso demuestra que el problema está en Bogotá, no en Cundinamarca”.
En contraste, Cundinamarca elevó su recaudo de $369.000 millones a $406.000 millones, monto que incluye $46.000 millones por concepto de recuperación de cartera, resultado de un adecuado cobro persuasivo, trámites expeditos para la expedición de matrículas, plan de atención personalizado a concesionarios y medios alternativos de pago. De los 40.886 vehículos nuevos matriculados en el departamento, 26.990 pertenecen a categorías que sí pagan impuesto.
La carga real tributaria recae sobre vehículos, no motos
El gobernador subrayó que las cifras oficiales del sector automotor muestran una distorsión evidente en la estructura tributaria de Cundinamarca debido al peso de las motocicletas. A octubre de 2025, el departamento había matriculado 207.866 vehículos, de los cuales 167.000 eran motos, es decir, el 80,3 % del total. Sin embargo, sólo 110.323 de ellas aportan al impuesto, pues las de menos de 125 cc están exentas. En consecuencia, aunque representan ocho de cada diez trámites, su contribución real al recaudo es de apenas 17,6 %.
Según Rey Ángel, esta situación está directamente relacionada con las decisiones adoptadas por Bogotá: “El 80 % de lo que matricula Cundinamarca son motos que Bogotá no quiso matricular por sus altos costos.
No es un fenómeno creado por descuentos, sino por decisiones del Distrito”, afirmó, al recordar que la capital duplicó el costo administrativo de matricular motocicletas, empujando ese mercado hacia municipios con costos más razonables.
El mandatario también contextualizó la dimensión histórica del recaudo: entre 2012 y 2025, Bogotá recibió $10 billones por impuesto a vehículos, mientras Cundinamarca obtuvo $1,9 billones, cifra equivalente apenas al 19 %.
Además, Cundinamarca debe transferir el 20 % de esa renta a los municipios donde residen los propietarios, mientras que Bogotá no transfiere recursos a ningún otro territorio. “Nosotros recibimos lo accesorio; Bogotá recibe la cifra protagónica. No se puede culpar a Cundinamarca por una caída en el recaudo del Distrito”.
Descuentos e incentivos tributarios tienen soporte legal
Frente a las críticas sobre los descuentos aplicados en el departamento, Rey Ángel explicó que el impuesto de vehículos es una renta cedida por la Nación, no un tributo creado por los departamentos, por lo que tales incentivos no violan el artículo 295 de la Constitución. “Este no es un impuesto territorial propio; por eso los descuentos no están prohibidos. No existe una sentencia de unificación que los declare ilegales”, afirmó.
Recordó fallos del Consejo de Estado que han validado estos incentivos como parte del principio de eficiencia tributaria e insistió en que la controversia solo se resolverá cuando exista una sentencia de unificación.
El gobernador también destacó que parte del problema está en el régimen especial que aplica únicamente a Bogotá: la Ley 488 de 1998 permite que la capital cobre impuesto a los vehículos de servicio público, un gravamen que no se cobra en el resto del país. Esta situación ha llevado a que miles de transportadores matriculen sus vehículos fuera de Bogotá para evitar el pago. “Si el Distrito considera que esa situación es un problema, la solución está en el Congreso, no en responsabilizar al departamento”, señaló.
Una medida discriminatoria que desconoce la interdependencia
Rey Ángel calificó la decisión como “discriminatoria” porque ignora la movilidad real de la región: “hace 20 años todo pasaba en Bogotá; hoy miles de personas viven, estudian, trabajan y se movilizan indistintamente entre Bogotá y Cundinamarca. El pico y placa contra placas foráneas desconoce esa realidad”.
Para respaldar esta idea, citó un estudio financiado por la Región Metropolitana, de la que hace parte Bogotá, según el cual, en Soacha, el 70 % de los vehículos que circulan tienen placa de la capital, el 25 % placa de Soacha y el 5 % restante corresponde a otros lugares del país. “Si Soacha aplicara una medida recíproca contra las placas de Bogotá, afectaría al 70 % de su movilidad. Es una lógica riesgosa para la región”, advirtió.
El mandatario también explicó que el impuesto de vehículos ya incluye un componente adicional del 0,2 % que Bogotá transfiere a la Región Metropolitana, y propuso que parte de esos recursos se destine a compensar el uso de la semaforización por vehículos provenientes de Cundinamarca, sin recurrir a medidas restrictivas que fragmentan la movilidad regional.
