Bogotá, marzo de 2025. News Press Service. Trazar una política pública incluyente con los vendedores informales de Bogotá, que son, aproximadamente más de 80 mil, ha solicitado Quena Ribadeneira, concejal del partido Pacto Histórico, afín al gobierno del presidente Gustavo Petro.
Para la cabildante, es fundamental garantizar derechos de este sector de la economía, y escuchar a sus voceros con el objeto de establecer temas de concertación y cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que, según ese fallo, “son sujetos de derechos”.
Los vendedores ambulantes hacen parte de la economía informal que aportan, anualmente, al gobierno un billón de pesos, razón suficiente para trazar estrategias de inclusión con voluntad política de parte de la administración distrital, ha revelado Quena Ribadeneira.
Las protestas de estos comerciantes se refieren primordialmente por la decisión del gobierno de establecer una especie de cobro por la ocupación del espacio público qué según un decreto, es una medida dirigida a regular el aprovechamiento de esos lugares “estableciendo protocolos específicos para su uso.
En la actualidad, Bogotá cuenta con más de ochenta mil vendedores informales, muchos de ellos dependen exclusivamente de esta actividad para mantener a sus familias.
“Primero, porque vamos a perder la confianza legítima. O sea, si tú llevas diez o cinco años, ya la perdiste porque viene un nuevo contrato a un año o cinco años”, dijo una vendedora refiriéndose a los permisos que establece la norma.
