Bogotá. News Press Service. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda y tomó una medida cautelar contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Avianca Holdings S.A.
De acuerdo con el periódico Portafolio, en la demanda, el ciudadano Jonatan Ruíz Tobón aseguró que el Gobierno y Avianca incurrieron en una vulneración a la moralidad administrativa, al patrimonio público y a la seguridad social, por la aprobación de un crédito a la aerolínea por 370 millones de dólares.
Ese crédito, en todo caso, aún no se ha desembolsado ya que debe ser aprobado por el Tribunal de Nueva York en donde Avianca se acogió al captíulo 11 del Código de Bancarrota.
El demandante le pidió al Tribunal que ordenara al Gobierno abstenerse de destinar los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) para el crédito de Avianca, pero además, solicitó que se tomaran medidas cautelares para evitar que se vulneren los derechos que él señaló.
Así, aunque el Tribunal aún no ha aceptado de fondo la demanda, sí aceptó la
medida cautelar que pidió.
En consecuencia, el
Tribunal le ordenó al Ministerio de Hacienda que adelante las «las
gestiones administrativas necesarias para que el Fondo de Mitigación de
Emergencias se abstenga de realizar el desembolso del crédito aprobado a
Avianca».
Entre los argumentos del Tribunal, se lee que los magistrados encontraron que
la demanda es razonable y que hay poca información pública sobre cómo se
tramitó y ordenó ese crédito. También
dijo que con los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que
presentó el demandante, se puede concluir que «resultaría más gravoso para
el interés público negar la medida cautelar que concederla».
Según el Tribunal, el demandante informó sobre la situación financiera que
afronta Avianca, que muestran que al 30 de junio del 2020 el grupo tenía
pérdidas por 353 millones de dólares y un déficit patrimonial de 355 millones
de dólares. También dijo el demandante que esa mala situación económica es «preexistente a la situación de la
pandemia genera por el covid-19, pues el año pasado no reportó dividendos entre
sus accionistas debido a las dificultades por la situación financiera que desde
entonces afrontaba».
Por esa situación, el demandante pidió que se proteja el patrimonio público al
prestarle dinero a una sociedad que, a pesar de la importancia que tiene para
la economía colombiana, está en una situación financiera como la que él
describió.
Con todo esto, el Tribunal consideró que no existe
claridad sobre las condiciones en las que se otorgó el crédito ni las garantías
que respaldan este préstamo. Además, dijo, si no se conceden las medidas
cautelares se podría generar un «perjuicio irremediable para el patrimonio
público».
Y para el análisis de fondo, el Tribunal
le pidió al Ministerio que informe cuál fue el análisis objetivo que hizo para
aprobar el crédito.
Aunque el demandante pedía que se le ordenara al Presidente Iván Duque informara
cualquier posible conflicto de interés por el hecho de que su hermana María
Paula Duque Samper es vicepresidente senior de Relaciones Estratégicas y
Experiencia del Cliente de Avianca, el Tribunal negó esa petición. Según la
corporación, esa solicitud no tiene ninguna relación con la medida cautelar de
urgencia para que no se desembolse el crédito.
