El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, acompañó al director del INPEC en la entrega de cinco camionetas blindadas para fortalecer la seguridad de los guardias.
La inversión supera los $2.500 millones y marca la primera adquisición directa de este tipo de vehículos en la historia del Instituto.
La medida busca proteger la vida de funcionarios penitenciarios, reforzar la seguridad operativa en el traslado de internos y prevenir riesgos asociados al crimen organizado.
Bogotá D. C., febrero de 2026. News Press Service. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, avanza en el fortalecimiento de la seguridad penitenciaria con la entrega de vehículos blindados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) a los Grupos de Operaciones Especiales (GROPE), una acción concreta orientada a proteger la vida de quienes cumplen labores de custodia y vigilancia, así como a garantizar traslados seguros en escenarios de alto riesgo.
Durante el evento el ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, pidió un minuto de silencio para brindar un homenaje con profundo respeto a las víctimas de los atentados contra el director y subdirector de la cárcel de Neiva, advirtiendo que estos hechos violentos no se pueden tolerar y que con la entrega de estas camionetas blindadas se da un paso más en la protección del personal del INPEC, y no será el último.
“Esta decisión refleja una prioridad clara: proteger la vida de nuestros guardianes y de todas las personas que hacen posible el funcionamiento del sistema penitenciario. Fortalecer su seguridad es también fortalecer la seguridad del país.
Hoy damos un paso concreto hacia condiciones más dignas y seguras para quienes cumplen una misión fundamental para la sociedad, la vida de los guardianes del INPEC es una prioridad», señaló el ministro de Justicia. La adquisición de las nuevas camionetas representa una inversión total del Gobierno de $2.506.226.665 en una apuesta por la modernización del parque automotor y la capacidad operativa del Instituto.
Cuentan con tecnología de blindaje diseñadas para mitigar ataques armados y permitir el transporte seguro de hasta 10 personas privadas de la libertad con una operación de 6 funcionarios de custodia, incluido el conductor.
Los vehículos serán distribuidos estratégicamente en diferentes regiones del país, conforme a análisis de riesgo y a la planeación operativa de los Grupos Especiales, iniciando su operación en ciudades como Bogotá y Barranquilla, donde la exigencia operativa es permanente.
“Hace apenas un mes anunciamos una inversión cercana a los 16 mil millones de pesos para fortalecer la dotación de chalecos, cascos y elementos de protección personal para el cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC. Hoy damos un paso adicional y seguiremos en esa dirección», aseguró el ministro de Justicia.
Esta entrega representa un hecho sin precedentes para el Instituto. “Es la primera vez que el INPEC adquiere directamente vehículos blindados con estas características, lo que marca un paso importante en la transformación institucional y en el fortalecimiento de la seguridad penitenciaria.
Además, esta acción se complementa con la próxima adquisición de siete camionetas 4×4 adicionales, por un valor cercano a los $1.000 millones, previstas para entrega a mitad de marzo. Con este tipo de acciones, se demuestra la garantía de derechos y la priorización para mejorar la prestación de un mejor servicio, pero, sobre todo, para salvaguardar la vida y la integridad de los funcionarios, no solo del cuerpo de vigilancia y custodia, sino también de los administrativos que se transportan en estos vehículos», agregó el director del INPEC, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas.
Desde el Gobierno nacional se ha insistido en que la seguridad penitenciaria no solo impacta a quienes trabajan dentro de los establecimientos de reclusión, sino a toda la sociedad.
Traslados seguros y operaciones controladas contribuyen a prevenir intentos de fuga, reducir riesgos de atentados y enfrentar de manera más efectiva las acciones del crimen organizado, en cumplimiento de la Ley 65 de 1993 y del Decreto 4151 de 2011.
Con esta inversión, el Gobierno nacional ratifica su compromiso con la transformación histórica del sistema penitenciario, priorizando la protección de los servidores públicos, la garantía de los derechos humanos y la modernización institucional.
El objetivo es claro: seguir avanzando en un modelo penitenciario más seguro, humano y eficiente, que responda a las necesidades del territorio y que le cumpla a quienes trabajan todos los días por la resocialización y la seguridad del país.
