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Doménico l erudito historiador, jurisconsulto y literato, Domenico Giuriati (Venecia, 1829-1904), propugnó por reformas -en lo penal- que amplió en sus dos principales obras: Los errores judiciales (1893) y El plagio (1903), que en el caso de este, es considerado por múltiples prójimos, como un asunto menor, no como una falta ética -que lo es-, análisis en el que se aprecia la influencia del novelista Paul Bourget que estimó el plagio como un “fraude liso y llano», …»un delito contra el honor profesional, que semejó a la deserción del soldado frente al enemigo»; «a la falsedad para un comerciante de la letra de cambio”, en síntesis, un “hurto” en que el copista se apropia, se roba el trabajo intelectual, viola -de paso- el artículo 27° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues afecta “la fe pública al crear confusión”.
Aunque no todo PLAGIO es delito, es sancionable socialmente y periodísticamente imperdonable; introito que incita un corresponsal habitual que me inquirió, alertó sobre la abatida nota -de mí caletre- sobre la súbita, dolorosa muerte del entrañable HERNANDO YEPES ARCILA+, que publiqué en mi blog y difundí por WhatsApp.
Pergaminos que hacen más extraño el que a la fecha no se haya interesado en desbrozar -por mera cortesía- la confusión -insoslayable- que generó la fastidiosa, incómoda conjetura de un inexistente PLAGIO que, luego de cansina espera, me obligó a barruntar esta deshilvanada letanía clarificadora, en razón a que mis incrédulos, sorprendidos, indefensos ojos no dan crédito aún a lo sucedido, que impajaritablemente demanda aclararse, rectificarse. Nobleza obliga.
Espartana consideración moral atribuida a Pedro Marcos Gastón -duque de Levis (1755-1830)-, usada -mucho antes- por el romano Boecio -traductor al latín de Aristóteles, Platón y Porfirio-.
Impensada encrucijada en que resulté inmiscuido, sin que el silencio sea la opción que repare, restituya el erosivo descrédito causado, tomado en cuenta el popular dicho que reza: “el que calla otorga”; nefando daño infligido con el solo pensar en la posibilidad -improbable- de haber caído -conscientemente- en el censurable, proscrito PLAGIO en comento. Desconsiderado, tramposo, siniestro desliz -por decir lo menos- que desplumó gratuitamente a este sencillo escriba, que por inexcusable, no puede, podrá pasar por alto, sin una estéril aclaración del medio en cuestión -parcialmente satisfactoria- pues el daño (irreparable) ya está hecho.
Máxime, por tratarse de una burda, ramplona copia al carbón que no requiere, para poner el plagio en evidencia, de un detector antiplagio, como TURNITIN, poderosa plataforma digital, altamente confiable, equipada con inteligencia artificial avanzada, que más que un software, es un organismo mundial dedicado a promover, defender la integridad académica, la originalidad del pensamiento.
Hiperbólico introito referido a los derechos de autor que parece no interesarle a un descreído sector que desconoce el alcance del art. 270 del CP, que establece: “Incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa de 26.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes quien publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del derecho …”, “inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor…”, “por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin autorización previa o expresa de su titular…” … “penas que se aumentarán hasta en la mitad, en los casos de cambio…, mutilación…”
Sin teatralizar, considero -irreversiblemente- el inexistente PLAGIO como un ‘falso positivo periodístico’ -ad hominem-, que en paralelo se dio con el luto provocado por la aludida desaparición del encumbrado, insubstituible personaje, de la que, difícilmente, me repondré, como la sociedad, de las estremecedoras, explosivas confesiones de nuevos, fraguados ‘falsos positivos’ que conocieron la luz de la verdad en la misma ‘Semana de pasión’, que tienen enredados a los conniventes generales (r), Henry Torres Escalante y Gustavo Bracamonte, que convirtieron la Brigada XVI del Ejército en una máquina de muerte.
Impúdicas crudezas de una tozuda realidad, tardíamente develada en las audiencias realizadas en Yopal-Casanare, en las que un capitán reintegró la presea impuesta por haber disfrazado “resultados operacionales”; un sargento aceptó “haber sido premiado con un curso en Estados Unidos por sus crímenes”; un teniente confesó “haberle mentido a la justicia”; un cabo primero reconoció “haber matado 31 inocentes”: “aprehendí”, “torturé”, “asesiné”, “me convertí en criminal” declaró.
Enmascarados 296 ‘falsos positivos’ agregados a los 6.402 contabilizados por la JEP. Atroz guion de terror complementado por el abogado Sergio Arboleda, representante de las familias de 130 víctimas que señaló como autor intelectual, al despiadado gánster, Mario Montoya, en rigor, un incontenible genocida al mando de la Cuarta Brigada que “presionó los resultados operacionales”,exigió “litros, chorros, ríos, barriles de sangre”; “ordenó priorizar las muertes sobre las capturas”; “ocultar las ejecuciones”; “decretó beneficios, felicitaciones y sanciones a los que no presentaban bajas”; “mantuvo fraternas, amistosas relaciones con grupos paramilitares”.
Contexto que supera la ficción, como en forma irrefutable concluyó -con rotundidad, pertinencia- la valerosa magistrada de la JEP, Catalina Diaz, quien detectó “un patrón sistemático macrocriminal; mismos: propósito, modus operandi, forma de encubrimiento, perfil de las víctimas”, mientras el desalmado, impresentable, repulsivo, voraz innombrable, permanece imperturbable, libre -todavía- de polvo y paja; duerme plácido con su negra conciencia, blanquea los ojos con la mano puesta sobre el corazón, pone cara de ‘yo no fui’, abaniqueado por el lisonjero Camilo Ospina, secuaz turiferario, mandadero, que pasa de agache la responsabilidad que le cabe por haber orquestado como min-Defensa, la escalofriante directiva 029 de 2005 de las recompensas a los militares -hasta 3 millones de pesos por guerrillero muerto-, lo que estimuló, impulsó -qué duda cabe- las ejecuciones extrajudiciales y los tantas veces citados ‘falsos positivos’.
Desgarrador, sombrío historial que recoge las 1.982 masacres rastreadas entre 1980 y 2012, por el Centro Nacional de Memoria Histórica, de las cuales 300 corresponden -aproximadamente- a los dos asquientos períodos del gerifalte del Ubérrimo; ideólogo de la depredadora política de la ‘Seguridad Demoníaca’, en que ocurrieron las atroces ejecuciones de La Granja (1996), El Aro (1997), San Roque (1996-1997), el ominoso asesinato (27 de febrero/1998) de Jesús María Valle Jaramillo, abogado, activista de los DH, en que el Tribunal Superior de Medellín condenó (2018) a 33 años de cárcel a los autores materiales y solicitó investigar al entonces gobernador, Álvaro Uribe.
Francisco Enrique Villalba Hernández, alias “Cristian Barreto”, uno de los condenados de El Aro, señaló como cómplice al exgeneral Carlos Alberto Ospina y autor intelectual al precitado, quien luego de retractarse (Villalba) le fue -sorpresiva, inexplicablemente- concedida, la casa por cárcel, que disfrutó poco, pues pronto fue asesinado a balazos (2009). Otro testigo más, ‘casual, ‘coincidentemente’ silenciado, relacionado con el expediente de encartado ‘angelito’.
Retomo los PLAGIOS, con una sucinta cronología de los más vistosos acusados por tal delito: Vladimir Putin; el popular ministro de Defensa alemán, Karl-Theodor zu Guttenberg, postulado sucesor de Ángela Merkel, quien debió renunciar al cargo y al doctorado; igual sus colegas: la sonada ministra socialdemócrata de Familia, Franziska Giffey y la ministra de Educación y Ciencia, Annette Schavan. John Walsh, exsenador estadounidense. Mónica Crowley, funcionaria del gobierno de Donald Trump.
Enrique Peña Nieto, expresidente mexicano y Yasmín Esquivel de la Suprema Corte. El dictador Somoza. Pal Schmitt, expresidente de Hungría. Víctor Ponta, exprimer ministro de Rumania. Klavdija Markez, exministra de Educación de Eslovenia.
En Perú: Dos ministros, Betssy Chávez y Antonio Varela -ambos de Trabajo; Rolando Serna Román, ministro de Educación. El presidente (actual) del Congreso de la República, Alejandro Soto (foto), denunciado la semana pasada.
Los colombianos: Jennifer Arias, expresidenta de la Cámara de Representantes; Guillermo Reyes, exministro de Transporte. Enrique Peñalosa nos quedó debiendo el doctorado. Completar la lista me haría interminable.
Bogotá, D.C. 30 de septiembre de 2023
