Sectorial
Septiembre de 2024. News Press Service. Con la llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior, se avizora un «tercer round» para la reforma de la salud en Colombia, proyecto que en los dos intentos anteriores de la mano de los exministros Carolina Corcho junto con Alfonso Prada; y Guillermo Alfonso Jaramillo de la mano de Luis Fernando Velasco, resultó en un fracaso para el gobierno del presidente Gustavo Petro.
A pesar de estos esfuerzos, el camino para lograr una reforma a la salud que cuente con amplio respaldo político y social sigue siendo complejo. Mientras tanto, otros proyectos relacionados con el sector salud han sido radicados en el Congreso, pero la incertidumbre sobre su viabilidad financiera sigue siendo un tema central en el debate público.
Alejandro Escobar, gerente estratégico de Sectorial.co, advierte que mientras los trámites se dan en el Congreso, parece olvidársele al país que la salud tiene un alto costo financiero. Según un reciente análisis realizado por esta firma, dicho costo se estima en 99 billones de pesos. Sin embargo, el gobierno solo ha destinado 90 billones, lo que deja un preocupante déficit que podría llevar al país a una situación similar a la de finales de los años 90, cuando el 44 % de los colombianos no recibían atención médica por falta de recursos.
El análisis expone los principales retos que el sector está enfrentando en el 2024, con un déficit de financiación que afecta directamente la calidad y el acceso a los servicios de salud. Así mismo, analiza cómo el presupuesto asignado por el gobierno no es suficiente para cubrir las necesidades del sector, lo que podría traer consecuencias graves para la población.
Escobar señala que la situación se agrava por la reducción en términos reales de los aportes del gobierno. Según los datos, en 2021 estos aportes crecieron un 20%, en 2022 un 12,7%, y en 2023 un 10,6%. No obstante, para 2024, se prevé una disminución del 3,1% en términos reales. Este ajuste financiero plantea interrogantes sobre cómo se garantizará la prestación de servicios de salud de calidad.
En cuanto al contexto macroeconómico, el déficit fiscal de Colombia en 2024 está proyectado en el 5,3% del PIB, y el gobierno espera reducirlo al 3,5% en 2025, lo que implica un ajuste de $40 billones. Para cubrir este déficit, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha señalado tres posibles vías: una reforma tributaria, ajustes en la regla fiscal o el fomento del crecimiento económico. Sin embargo, el analista enfatiza que «si plata no hay», es poco probable que se pueda cubrir este hueco financiero sin afectar a otros sectores.
El análisis de Sectorial.co resalta que la situación de desfinanciamiento en salud requiere acciones inmediatas para evitar un colapso en la atención médica, similar al que ocurrió en los años 90. Como advierte Escobar, «tener unos recursos en salud permite que las atenciones se presenten, que se genere un servicio adecuado, de lo contrario, vamos a caer en una situación completamente desfavorable».
Impactos del déficit financiero más allá de la salud
La discusión sobre cómo cubrir este déficit financiero es crucial, ya que afecta no solo la salud, sino también la sostenibilidad de otros sectores clave de la economía. Un sistema de salud desfinanciado compromete la productividad laboral. Cuando personas no pueden acceder a servicios médicos, se incrementa el ausentismo laboral y disminuye la capacidad productiva del país. Esto afecta negativamente a empresas, industrias y al crecimiento económico general, ya que una población enferma no puede contribuir de manera eficiente a la economía.
Además, el déficit en la financiación de la salud podría aumentar la presión sobre otros sectores del gasto público, como educación, infraestructura y seguridad social, que también requieren recursos. Si el gobierno se ve obligado a reasignar presupuesto a la salud, se corre el riesgo de desatender áreas fundamentales que también impactan el desarrollo del país.
Por otro lado, un sistema de salud deficitario puede desalentar la inversión privada. Los inversionistas nacionales y extranjeros buscan entornos estables y sostenibles para colocar su capital. Si los problemas estructurales en la salud se extienden a otras áreas, como el incremento de impuestos o la inestabilidad fiscal, las perspectivas de inversión se verán afectadas, reduciendo las posibilidades de crecimiento económico.
Finalmente, el desfinanciamiento de la salud podría generar un aumento en los costos sociales a largo plazo. Una población sin acceso a servicios médicos de calidad es más vulnerable a crisis sanitarias, lo que, a su vez, puede incrementar los gastos públicos en emergencias y reducir la resiliencia económica del país frente a crisis futuras.
