Bogotá, mayo de 2024. News Press Service. La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Policía de Colombia anunciaron la decisión de trabajar coordinadamente para enfrentar de manera rotunda la inseguridad.
Los directores, Hernán Penagos Giraldo, de la Registraduría Nacional y de la policía nacional, William Salamanca, hicieron el anuncio explicando que la fuerza pública será la primera en utilizar una aplicación que se desarrolla a partir de la tecnología de biometría facial para verificar la identidad de los ciudadanos en procedimientos policiales.
El registrador nacional explicó que “se efectuará un trabajo armónico entre policía y registraduría, colocando a disposición una app que va a permitir la identificación biométrica facial de los ciudadanos en momentos en que la policía hace sus tareas cotidianas que va a permitir, sin duda, mejorar la seguridad ciudadana en el país, pero además de eso, tener la absoluta claridad de que el ciudadano se identifica y esa identificación es real”
Así las cosas, la Policía Nacional será la primera entidad en utilizar dicho sistema, con el cual se podrá escanear la cédula del ciudadano, en su versión física o en la digital, mediante los códigos QR o MRZ ubicados en la parte posterior del documento. A través de esta lectura, se extraen los datos biográficos del ciudadano para que posteriormente la autoridad policial realice un cotejo facial mediante una captura fotográfica.
Los datos recopilados durante este proceso se enviarán de manera segura a la Registraduría Nacional, donde se contrastarán con las bases de datos de la entidad para confirmar la identidad de la persona.
El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, señaló que “la seguridad ciudadana es una tarea que nos compete a todos: el Estado, las instituciones y la sociedad en general. Por eso, ponemos a disposición de la Policía esta herramienta tecnológica para la autenticación biométrica facial de los ciudadanos. Quisimos que la Policía fuera la primera entidad en tenerla como una herramienta valiosa para mejorar los índices de percepción de inseguridad que hay en el país y fortalecer la seguridad nacional. Estamos trabajando en equipo contra la criminalidad.”
Para verificar la funcionalidad del aplicativo, se llevó a cabo una prueba piloto en la que 140 policías de Valledupar, Cesar, realizaron la verificación de identidad de ciudadanos en algunos puestos de control. Se espera que en los próximos meses sean cerca de 20.000 los uniformados que utilicen esta herramienta en sus procedimientos.
Este nuevo sistema tecnológico representa un avance significativo en la eficiencia de los procesos de verificación de identidad, permitiendo a las autoridades y entidades públicas garantizar la autenticidad de los documentos de identidad de los ciudadanos de manera rápida y precisa.
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS
El Registrador Nacional de Estado Civil, también hizo una grave denuncia sobre la desarticulación de una organización que se encargaba de tramitar documentos falsos y por los cuales cobraban millonarias sumas de dinero
Así las cosas, de acuerdo con el funcionario, producto del trabajo mancomunado entre la Fiscalía General de la Nación, la Dijín de la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Investigaciones Criminales del Servicio de Seguridad Diplomático de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, se logró desenmarañar una red delincuencial que se dedicaba a ofrecer y suministrar documentos de identidad, como cédulas colombianas y pasaportes, a ciudadanos migrantes provenientes de República Dominicana y Venezuela.
De los 31 capturados que dejó como saldo la ejecución de la operación, uno de los hechos que más ha llamado la atención es que tres de los detenidos eran funcionarios de la Registraduría General de la Nación, mientras que otros tres se desempeñaban en la Cancillería de Colombia, lo cual pone al descubierto una sofisticada red que operaba al mando de dos personas: un ciudadano colombiano y una mujer dominicana.
Las diligencias de captura y allanamiento se efectuaron en Bogotá (Cundinamarca), y varios municipios y ciudades de los departamentos de Atlántico, Amazonas, Bolívar, Caquetá, Casanare, Córdoba, Cesar, La Guajira y Sucre, sitios desde donde operaban los presuntos miembros de este grupo delincuencial organizado coordinaba todas las actividades referentes al trámite y suministro de registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y pasaportes fraudulentos.
El modus operandi
Según lo que informaron las autoridades colombianas, la operación iniciaba desde Barranquilla, y la red cobraba entre $2.000 y $4.000 dólares americanos (es decir, entre $7 y $15 millones aproximadamente) a los ciudadanos dominicanos y venezolanos, quienes emprendían su travesía hasta México o Guatemala para cruzar vía terrestre hacia los Estados Unidos.
Los dos cabecillas tenían a su disposición un número considerable de captadores, colaboradores, tramitadores, dentro de los cuales habría algunos familiares de los líderes de esta empresa criminal.
En total once personas eran las que tenían asignada la tarea de buscar a los migrantes para ofrecerles los trámites y obtener los documentos adulterados; seguido a esto “tres empleados y seis exfuncionarios de la Registraduría estarían a cargo de ubicar registros civiles de personas no ceduladas para suplantarlas”.
Ya en este punto los otros tres empleados y cinco extrabajadores de la Cancillería eran los encargados de “formalizar” en los pasaportes las identidades falsas, cuyo fin era darle apariencia de ciudadanos colombianos a los migrantes y así poder viajar con mayor facilidad a Centroamérica y Europa, y quienes solían tomar dos rutas: Colombia – Europa y Colombia – Guatemala – México – Est Debido a esto la Registraduría Nacional del Estado Civil tuvo que anular 344 cédulas falsas que habrían sido entregadas por la red criminal y de igual forma se constató la expedición irregular de 304 pasaportes.
Los capturados, incluidos las dos cabecillas, fueron presentados ante varios jueces de control de garantías por la Fiscalía General de la Nación, quien les imputó los cargos por conductas relacionadas con delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito.
Debido a esto el ente investigador solicitó que las 31 personas capturadas fueran cobijadas con medida de aseguramiento privativa de la libertad.
El registrador Hernán Penagos indicó que se han cancelado en total 840 cédulas obtenidas mediante falsas identidades y se encuentran bajo análisis 180 registros civiles sospechosos.
Con este resultado las autoridades esperan impactar las redes de tráfico de migrantes que operan en el norte del país, valiéndose de la necesidad de los ciudadanos extranjeros, quienes en su afán de llegar a Europa o Estados Unidos pagan cifras irrisorias con tal de obtener la documentación que les puede abrir las puertas a una nueva vida, pero de forma ilegal.
