Bogotá D.C., 27 de octubre de 2025. News Press Service. El Ministerio de Justicia ha informado que el titular del despacho, Eduardo Montealegre Lynett, como último acto oficial al frente de esta cartera, presentará ante la Comisión Asesora de Política Criminal, el Proyecto de Ley Estatutaria “Por medio del cual se crea la Guardia de Inteligencia contra el Crimen Organizado y se dictan otras disposiciones”.
La Comisión será la encargada de iniciar el estudio técnico y jurídico de la iniciativa, con el propósito de impulsar su trámite legislativo ante el Congreso de la República.
A través de este Proyecto de Ley, se pretende fortalecer las capacidades del Estado colombiano en la lucha contra el crimen organizado, mediante la creación de la Guardia de Inteligencia contra el Crimen Organizado; dependencia especializada adscrita a la fiscalía general de la Nación, que ejercerá funciones de investigación con enfoque estratégico y preventivo.
Las operaciones de la Guardia estarán orientadas a anticipar las actividades de investigación de la Fiscalía frente a las organizaciones criminales que operan en el país, bajo criterios de control judicial estricto, sujeción al principio de legalidad y coordinación con los demás organismos de seguridad e inteligencia del Estado.
En este contexto, con la creación de la Guardia de Inteligencia contra el Crimen Organizado, la fiscalía general de la Nación contará con la más poderosa herramienta institucional para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, fortaleciendo la capacidad del Estado para investigar y desmantelar las estructuras delictivas que amenazan la seguridad ciudadana, mediante competencias innovadoras con enfoque preventivo.
El proyecto también introduce mecanismos reforzados de transparencia, control y vigilancia democrática sobre las actividades de inteligencia en cabeza de la Guardia, en consonancia con los estándares internacionales y con las obligaciones derivadas de la sentencia “Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo vs. Colombia” (CAJAR), proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023, la cual exige al Estado colombiano fortalecer los controles, la regulación y la supervisión civil sobre las actividades de los organismos de inteligencia, así como la sujeción estricta de estas últimas a los principios de legalidad y proporcionalidad.
Con esta propuesta, el Ministerio de Justicia y del Derecho reafirma su compromiso con el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, la modernización de la política criminal y la protección efectiva de los derechos fundamentales, promoviendo un modelo de justicia más proactivo, articulado y preparado para hacer frente a los nuevos fenómenos de macrocriminalidad, en armonía con las garantías constitucionales de todos los colombianos.
