180 servidoras y servidores públicos fueron certificados en esta primera cohorte, un paso decisivo que se suma al proceso de implementación de la Ley Jineth Bedoya Lima, cuyo objetivo es fortalecerla capacidad del Estado para brindar atención con enfoque de género y libre de revictimización.
La iniciativa, cuya implementación estuvo a cargo de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), benefició a funcionariado de 175 entidades estatales en 155 municipios y 27 departamentos del país, incluidas 40 servidoras y servidores de comisarías de familia de 36 municipios.
Bogotá D. C., agosto de 2026. News Press Service. El Ministerio de Justicia y del Derecho destacó la certificación de la primera cohorte del Programa de Formación y Sensibilización a Funcionarios Públicos “No Es Hora De Callar», una iniciativa desarrollada en articulación con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), que fortaleció las competencias de 180 servidoras y servidores públicos provenientes de 175 entidades estatales, ubicadas en 155 municipios y 27 departamentos del país.
La ceremonia de clausura se realizó en el auditorio Camilo Torres de la ESAP, con la participación de la periodista y activista Jineth Bedoya Lima; el director nacional de la ESAP, Jorge Iván Bula Escobar; y el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González.
El programa tiene su origen en la sentencia proferida el 26 de agosto de 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Jineth Bedoya Lima y otra vs. Colombia, que declaró la responsabilidad del Estado colombiano por las graves violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas la periodista y su madre.
A través de su medida 14 de reparación, la Corte ordenó la creación e implementación de un plan de capacitación y sensibilización dirigido a servidores públicos, integrantes de la Fuerza Pública y operadores de justicia, para garantizar herramientas que permitan identificar, comprender y actuar frente a las violencias basadas en género que afectan a las mujeres, en particular a las periodistas.
Durante tres meses, los participantes de la primera cohorte adquirieron herramientas técnicas y pedagógicas orientadas a la prevención de las violencias basadas en género, el fortalecimiento de la atención institucional a las víctimas y la incorporación del principio de acción sin daño en el ejercicio de sus funciones.
Uno de los aspectos a resaltar de esta medida es la capacidad del programa para llegar a los territorios gracias a su modalidad virtual, que permite extender la formación más allá de las grandes ciudades.
Por ejemplo, en esta primera cohorte se certificó a 40 servidoras y servidores de comisarías de familia —con frecuencia la primera instancia a la que acuden las mujeres víctimas de violencias basadas en género— pertenecientes a 36 municipios de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Caquetá, Santander, Tolima, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Casanare, Vichada, Nariño, Risaralda, Antioquia, Meta, Caldas y Bogotá. El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Alfonso Cancino, destacó que la transformación institucional requiere cambios profundos en la forma en que las entidades públicas se relacionan con las víctimas y garantizan sus derechos.
“Las leyes y las sentencias pueden ordenar cambios, pero la verdadera transformación del Estado ocurre cuando sus servidores escuchan sin prejuicios, protegen sin revictimizar y actúan con dignidad. El Estado no repara solo cuando pide perdón; repara cuando aprende de sus errores, cambia sus prácticas y garantiza que ninguna mujer tenga que callar para sentirse segura ni recorrer años de instituciones para ser escuchada», afirmó el ministro.
La culminación de esta primera cohorte cobra una relevancia especial tras la entrada en vigor de la Ley Jineth Bedoya Lima, sancionada el pasado 27 de julio, que consolida una política pública orientada a la prevención de las violencias basadas en género y al fortalecimiento de las garantías de no repetición dentro de las instituciones del Estado y la obligación de que todo el funcionariado público y contratistas del Estado se capaciten en enfoque de género.
El Ministerio de Justicia y del Derecho resaltó además el trabajo articulado con la ESAP para cumplir los compromisos asumidos por el Estado colombiano en materia de reparación y fortalecimiento institucional, promoviendo acciones concretas que contribuyan a eliminar prácticas de revictimización y a garantizar una atención más humana, efectiva y respetuosa de los derechos de las mujeres.
Durante la ceremonia de certificación, la periodista y activista Jineth Bedoya Lima destacó la importancia de este proceso para avanzar hacia una atención institucional más sensible y comprometida con las víctimas de violencia basada en género.
Asimismo, recordó que, cuando formuló esta medida de reparación lo hizo buscando, precisamente, impulsar transformaciones dentro de las entidades públicas para evitar que otras mujeres enfrentaran los mismos obstáculos en su acceso a la justicia.
Esta iniciativa contó con la participación de la ESAP, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el acompañamiento técnico de ONU Mujeres, la Campaña “No Es Hora De Callar» y la Universidad de Los Andes, consolidando una alianza institucional que reafirma el compromiso del Gobierno nacional con la protección de los derechos de las mujeres, la eliminación de las violencias basadas en género y el fortalecimiento de una justicia más cercana, humana y libre de revictimización.
