El pasado 8 de abril, S&P Global Ratings redujo la calificación soberana de Colombia desde BB hasta BB-, pasando de perspectiva negativa a estable, siendo la peor calificación evidenciada desde 1993, dice la Asociación Nacional de Instituciones Financieras.
Bogotá, abril de 2026. News Press Service. Con esta actualización, Colombia comparte la misma calificación crediticia con países como Turquía, Mongolia y Honduras, y se aleja cada vez más de la región. Luego de la pérdida del grado de inversión durante la recesión de fin de siglo en 1999, a Colombia le costó cerca de 12 años recuperar de nuevo esta misma categoría.
La rebaja en la calificación soberana de Colombia por parte de la calificadora S&P Global Ratings de BB a BB-, responde principalmente al deterioro de las finanzas públicas y a la menor previsibilidad de la política fiscal, derivado de la suspensión de la regla fiscal.
La agencia destaca déficits primarios persistentemente altos, impulsados por un aumento del gasto, menores ingresos tributarios y dificultades políticas para aprobar reformas fiscales.
A esto se suman un mayor endeudamiento, la falta de ajustes de gasto y un entorno macroeconómico más vulnerable, con mayores presiones inflacionarias, ampliación del déficit externo y un aumento significativo de los indicadores de endeudamiento.
Hacia adelante, la actualización de la perspectiva, desde negativa hasta estable, refleja la expectativa de una corrección fiscal gradual -aunque lenta- junto con un crecimiento económico moderado.
No obstante, la agencia advierte riesgos a la baja si los déficits superan lo previsto o si se deteriora la credibilidad de la política monetaria, lo que podría aumentar aún más la vulnerabilidad externa.
En contraste, una consolidación fiscal efectiva que estabilice la deuda podría mejorar la calificación en el mediano plazo. A nivel internacional, con esta nueva calificación crediticia, Colombia se aleja de países pares de la región como Chile que tiene una calificación soberana de A (la tercera más alta), Perú y México que también tienen grado de inversión (BBB- y BBB, respectivamente), y Brasil que tiene BB (sin grado de inversión, pero un escalón más alto que Colombia).
Ahora, Colombia estaría en el mismo nivel de países como Honduras, Jordania, Mongolia, Turquía, entre otros. Esta rebaja en la calificación soberana ya estaba descontada por el mercado, pues la percepción de riesgo, medida a través de los Credit Default Swaps (CDS) a 5 años, ya se ubicaba en niveles similares a la de este nuevo grupo de países.
Con base en el histórico de S&P Global Ratings, la reciente calificación (BB-) constituye la más baja otorgada a Colombia desde que la agencia inició su seguimiento en 1993.
En episodios previos de deterioro macroeconómico, el país había alcanzado niveles de calificación soberana mínimos con calificaciones de BB comenzando el siglo, pero nunca había descendido al escalón BB-, lo que marca un nuevo punto mínimo en la trayectoria crediticia soberana.
Además, al revisar la calificación histórica, se puede evidenciar que, tras perder el grado de inversión en 1999 -en medio de la llamada recesión de fin de siglo-, el país tardó aproximadamente 12 años en recuperarlo, logro que se materializó en 2011 cuando S&P Global Ratings volvió a ubicar la calificación soberana en BBB-, tras una consolidación fiscal sostenida.
En comparación con los países de la región, Brasil perdió el grado de inversión en 2015 y desde entonces no lo ha vuelto a recuperar, mientras que Uruguay perdió el grado de inversión a inicios del 2002 y lo volvió a recuperar 10 años después, en el 2012.
Colombia podría tardar varios años en lograr una consolidación fiscal creíble y recuperar el grado de inversión.
Si bien para S&P, Colombia no enfrenta un riesgo inmediato de crisis, sí muestra un deterioro gradual de sus fundamentales fiscales, reflejado en déficits persistentes, menor previsibilidad de la política fiscal y dificultades para aumentar el recaudo.
Esto ha debilitado la confianza inversionista en un contexto de mayores costos de financiamiento, lo que a su vez limita la recuperación de la inversión, actualmente en niveles históricamente bajos (alrededor de 16% del PIB frente a promedios cercanos al 22%), y restringe el crecimiento potencial.
Además, la incertidumbre política y un Congreso fragmentado podrían retrasar los ajustes fiscales necesarios.
ANIF
