News Press Service
Por Jaime Araujo Rentería
Nunca nos cansaremos de buscar la Paz, con justicia social, que Colombia necesita. En la guerra no existe ninguna seguridad sobre ningún derecho ni sobre ningún bien: Todos están en peligro de desaparecer, comenzando por la vida, ya que si salimos a la calle no sobemos, con certeza, si regresaremos a nuestros hogares. Y si regresamos, no sabemos si lo harán nuestros hijos o nuestra compañera. El trabajo de toda una vida, puede perderse en un instante. Las personas dejan de expresar sus opiniones libremente, porque un violento puede asesinarlas, por haber dicho la verdad. La libertad personal, puede ser anulada, en un segundo, por un secuestrador.
En la guerra, el futuro no existe y el presente siempre es precario. No existe ninguna certeza, pero si mucho dolor, tristeza y violación de derechos humanos. Es la violación masiva de muchos derechos de muchas personas. Solo la paz, nos da alegría y respeto por los derechos.
Tampoco nos cansaremos de aclarar que el derecho fundamental a la paz es un derecho de nosotros los colombianos y NO de los gobiernos de turno, ni de los anteriores, ni de los futuros. En otra oportunidad decíamos:
“Los presidentes de turno, en Colombia, han creído, contra la constitución, que el derecho a la paz, es un derecho de ellos y que el pueblo colombiano, su sociedad civil, no tiene derecho a decir nada sobre el tema y solo tiene que obedecer lo que ellos decidan. ¡Oh, que grave error; que equivocación tan peligrosa para los derechos de los ciudadanos ¡Todos se declaran dueños de la paz, todos tienen la llave de la paz, que nadie les entrego!
Es una mentira completa que el gobierno y los actores armados nos van a regalar el derecho a la paz. Por el contrario, unos y otros no los han violado. Lo primero que debemos recordar es que, en nuestro sistema jurídico, el derecho a la paz está consagrado en el artículo 22 de la constitución, como un derecho fundamental: Este derecho fundamental, lo tiene ya la sociedad civil, en su conjunto, como también cada uno de los individuos que la integran y que en consecuencia no nos van a regalar este derecho ni el gobierno ni los actores armados.
¿Quiere decir que ahora, quienes nos lo han violado, nos están haciendo una gracia, una merced o nos están concediendo un privilegio al cesar en su violencia sobre la sociedad civil? Nosotros creemos que no. No hay duda que en el sistema jurídico colombiano los titulares del derecho a la paz son los individuos, para ejercerlo frente al gobierno (Estado), en primer lugar y frente a cualquier otro sujeto que pueda violarlo, público o privado. que son de aplicación inmediata y son obligatorios para todos los funcionarios del Estado y para los particulares.
En Colombia, como derecho fundamental es un derecho que es irrenunciable y que miramos positivamente que los actores armados, del estado y del no estado, cesen de violarlo, y apoyamos que busquen la paz, es claro que no es una dadiva, gracia o canonjía que nos están dando los actores armados.”
Somos amigos de la paz, pues conocemos la catástrofe humanitaria y de derechos que trae la guerra y que esta claramente reflejada en el balance humanitario que presento recientemente el comité internacional de la cruz roja sobre Colombia. Para evitar equívocos y tergiversaciones, en muchos casos utilizaremos las mismas palabras del comité sobre la dura realidad de la guerra en nuestra patria.
En el año 2023, los desplazamientos individuales, afectaron sus derechos a 145.049 personas, la gran mayoría en el valle del cauca, Nariño, Antioquia, Cauca, bolívar, Norte de Santander, Córdoba, Choco, Sucre, Arauca y Putumayo.
El fenómeno contrario, esto es el confinamiento-Personas que no pueden irse-, afecto a 47.013 personas, en sus derechos, especialmente en Choco, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Arauca y Caquetá.
En el 2023, los desplazamientos masivos, afectaron en sus derechos humanos a 50.236 personas; especialmente en Nariño, Bolívar, Cauca, Valle del Cauca, Choco, Antioquia, Putumayo, Norte de Santander, Huila.
En ese mismo año hubo 380 victimas de artefactos explosivos, de los cuales 205 civiles, 23 menores de edad, 154 integrantes de la fuerza publica y 21 miembros de grupos armados. El 71% de las victimas están en 4 departamentos: Nariño, Cauca, Norte de Santander y Antioquia.
De estos casos 49, corresponden a niños, niñas y adolescentes. Y 168 a civiles y el 75% de los casos se concentró en Arauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Choco y Valle del Cauca. Desde la entrada en vigor del acuerdo de paz y diciembre de 2023, 1476 personas han desaparecido.
Como se puede observar, la violencia que afecta la salud mental y física de la población civil, esta afectando directamente al personal medico y sanitario, cuya misión es aliviar y curar el sufrimiento de las comunidades.
Es importante recordar aquí, que los detenidos o condenados, si bien están privados de su derecho a la libertad personal, no pierden sus otros derechos humanos o como dicen: Los derechos no terminan tras las rejas.
Este costo en derechos humanos, es lo que hace, que promovamos, que la sociedad civil, tome su derecho a la paz, con justicia social, en sus propias manos y tome la iniciativa y lo ejerza directamente, y por esa misma razón suscribimos lo dicho por el jefe de la delegación del CICR en Colombia, en los 8 conflictos armados no internacionales que según dice existen en Colombia:
Como la violencia, en vez de disminuir aumenta y aumenta el peligro de la violación masiva de derechos humanos, parece que el futuro será peor.
El nuevo informe de la Cruz Roja, sobre el año 2024 es preocupante: entre enero y mayo, aumentaron un 35% las víctimas de artefactos explosivos, un 49% los desplazamientos masivos y un 101% los confinamientos. También se registraron 78 desapariciones y 116 actos violentos contra personal médico.
Aun así, ante esta violación masiva de derechos del pueblo no podemos desistir en nuestra lucha por la Paz, ni la sociedad civil, dejar que la violencia mate la esperanza por la paz
