Cifras importantes se dieron a conocer durante el acto de rendición de cuentas del Ministerio de Justicia y del Derecho, en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga.
Por la gestión institucional, el año pasado 5.224 mujeres se convirtieron en conciliadoras.
A través del Banco de Proyectos del MinJusticia, con apoyo de Naciones Unidas y una inversión superior a los 9.000 millones de pesos, se financiaron 14 iniciativas productivas en territorios estratégicos para el Acuerdo. Se beneficiaron 1.200 personas.
La Superintendencia de Notariado y Registro entregó 15.550 títulos de propiedad, brindando seguridad jurídica a miles de familias.
Bucaramanga, Santander, junio de 2025. News Press Service. En el proceso de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, las mujeres adquieren cada vez mayor importancia, evidenciado en que cerca de 77.000 de ellas -de un universo de 140.000 personas- se beneficiaron con mecanismos de resolución de conflictos.
El exitoso resultado que se produjo en diferentes zonas del país tras aplicar herramientas como la conciliación en derecho y en equidad, representa un avance en cuanto a soluciones reales de conflictos, incluso en los relacionados con uso y tenencia de la tierra en los territorios.
El anterior es solo uno de los logros que se dieron a conocer en desarrollo de la rendición de cuentas del Ministerio de Justicia y del Derecho, liderado por Eduardo Montealegre, evento que se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga.
En su intervención, la directora de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, Adriana Ferrer, señaló que otra de las cifras que llama la atención es que de 8.862 personas que se convirtieron en conciliadoras en 2024, 5.224 fueron mujeres que le apuestan a la mediación en conflictos para evitar cualquier diferencia y evitan que se escale a instancias legales o incluso, a hechos de violencia.
María Mónica Parada, asesora del Viceministerio de Promoción de la Justicia, entregó detalles acerca de la aprobación del Acto Legislativo que reformó la Constitución e incorporó la Jurisdicción Agraria y Rural a la Rama Judicial. “Lo que se pretende, entre otros aspectos, es solucionar de forma rápida y sencilla las disputas agrarias, garantizando los derechos de todos los actores rurales y reconociendo la especial protección que cobija al campesinado y a las comunidades étnicas que habitan en la ruralidad”, expresó.
Por su parte Jenny Fagua, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, confirmó que a través del Banco de Proyectos que apoya Naciones Unidas y que ha demandado una inversión superior a los 9.000 millones de pesos, se financiaron 14 proyectos productivos en territorios del Acuerdo de Paz que en la vigencia 2024 beneficiaron a 1.200 personas.
Entre tanto Isabel Maldonado, líder de la Ley de Utilidad Pública, se refirió a los beneficios que ha reportado dicha iniciativa para mujeres cabeza de familia que cometieron delitos relacionados con drogas en condiciones de marginalidad y que están pagando condenas de ocho años o menos.
Hoy, gracias a la mencionada norma, 165 de ellas cumplen su condena con servicios sociales, 13 en Santander. Y ya son 2.549 cupos los que se han habilitado para tal fin. Cabe anotar que 16 ya pagaron la totalidad de su pena.
“Esta ley es una norma histórica que reconoce que el castigo no es el único camino. Es una iniciativa que ofrece una alternatividad penal a través de servicios sociales con enfoque restaurativo y de género”, aseguró Diana Flórez, directora de Justicia Transicional y directora (e) de Política Criminal y Penitenciaria.
En otro frente Natalia Mendivelso, experta en justicia transicional y restaurativa, explicó cómo se materializarán las sanciones previstas para los comparecientes de las extintas FARC en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal que se creó con el Acuerdo de 2016 para investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado.
Por último, el superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez Rengifo, dio a conocer que la entidad que preside, adscrita al Ministerio de Justicia, entregó 15.550 títulos de propiedad, contribuyendo de esta manera a brindar seguridad jurídica a miles de familias.
Rodríguez indicó que se realizaron 200 jornadas de atención y orientación a la ciudadanía, y que en lo relacionado con la Reforma Agraria se hizo seguimiento detallado a 17.924 actos radicados por la Agencia Nacional de Tierras, todos debidamente inscritos para garantizar su seguridad jurídica.
